Brasil aprueba Política Nacional de Minerales Críticos con incentivos de 7.000 millones de reales y control de inversiones extranjeras ▶️ Brazil Approves National Policy on Critical Minerals: 7,000 million reais in Incentives and Controls on Foreign Investment

Puntos clave de esta nota:

■ El Congreso brasileño dio luz verde a la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), movilizando recursos públicos y privados para incentivar la cadena de valor local.

■ Se establece el Fondo de Garantía de la Actividad Minera (FGAM) con 2.000 millones de reales y se autorizan 5.000 millones de reales en incentivos fiscales.

■ La nueva legislación otorga al Poder Ejecutivo la facultad de vetar acuerdos societarios, fusiones, adquisiciones y contratos de venta a futuro (offtake) de empresas privadas.

■ La Associação Brasileira de Pesquisa Mineral (ABPM) y referentes sectoriales advierten sobre el riesgo de inseguridad jurídica para las empresas de exploración.

■ Con las segundas reservas mundiales de tierras raras (21 millones de toneladas), Brasil busca disputar el procesamiento de estos insumos clave dominados por China.

El Congreso de Brasil aprobó la creación de la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, una legislación que dispone de 7.000 millones de reales en ayudas e inversiones públicas para desarrollar la industrialización local y otorga al Poder Ejecutivo nuevas facultades de supervisión y veto sobre las transacciones de las empresas privadas del sector.

Financiamiento estatal y estímulos fiscales para el procesamiento local de materias primas

El nuevo marco legal establece un paquete de incentivos financieros por un total de 7.000 millones de reales (aproximadamente 1.187 millones de euros o 1.400 millones de dólares) con el propósito de estructurar una cadena productiva integral dentro del país. Esta estructura de financiamiento se divide en dos líneas principales de actuación estatal. Por un lado, se constituirá el Fondo de Garantía de la Actividad Minera (FGAM), el cual recibirá una inyección inicial de recursos públicos federales por 2.000 millones de reales (unos 339 millones de euros o 392,7 millones de dólares) destinados a mitigar riesgos y respaldar operaciones relacionadas con la producción minera. Por otro lado, la normativa contempla la asignación de incentivos fiscales por un valor de 5.000 millones de reales (847,5 millones de euros) distribuidos a lo largo de un período de cinco años, enfocados de manera prioritaria en incentivar el refinamiento de los minerales a nivel local.

Adicionalmente, la ley obliga a las empresas dedicadas a la explotación, extracción, tratamiento y transformación de minerales críticos y estratégicos a destinar, durante un plazo inicial de seis años, el 0,2% de sus ingresos operativos brutos directamente al FGAM. Asimismo, estas compañías deberán aportar un 0,3% de sus ingresos a actividades de investigación y desarrollo tecnológico dentro del territorio nacional. Una vez concluido el período de seis años, el 0,2% asignado originalmente al fondo de garantía podrá ser derivado a labores de investigación y desarrollo, permitiendo alcanzar un aporte total de hasta el 0,5% para estos programas de innovación. El cumplimiento de esta obligación financiera quedará acreditado si las sumas requeridas se depositan en el FGAM o en fondos de carácter privado diseñados para impulsar la investigación científica, un aspecto cuya reglamentación específica se encuentra aún pendiente. Para dinamizar aún más el acceso al financiamiento privado, el texto legislativo incluye formalmente a las prospecciones mineras en la categoría de proyectos elegibles para la emisión de «bonos incentivados». Estos instrumentos de renta fija, emitidos por corporaciones privadas, facilitarán a las mineras captar recursos en el mercado de capitales bajo condiciones equiparables a las de otros sectores prioritarios de infraestructura como la energía, el transporte o el saneamiento.

Nuevas facultades regulatorias y la creación del Consejo Nacional para la Industrialización

La legislación aprobada por el Congreso redefine la gobernanza del sector mediante la creación de un nuevo Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (CIMCE), el cual funcionará bajo la órbita directa de la Presidencia de la República. Este consejo federal estará conformado de manera mayoritaria por miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo federal y tendrá la responsabilidad técnica de determinar cuáles minerales específicos recibirán la clasificación legal de críticos o estratégicos, clarificando las definiciones aplicables a elementos como el litio, el níquel y las tierras raras. El CIMCE ostentará atribuciones regulatorias de alta relevancia para el mercado privado, destacándose su capacidad legal para homologar o vetar de manera definitiva los cambios en el control societario de las compañías mineras que operen en este segmento.

Las facultades otorgadas al Ejecutivo también incluyen la supervisión directa y la potestad de vetar transacciones comerciales privadas, fusiones y adquisiciones corporativas, así como los contratos de compraventa anticipada (conocidos como contratos de offtake) de las empresas mineras. Estas intervenciones estatales se podrán ejecutar en aquellos casos en que el gobierno brasileño considere que la operación bajo análisis compromete la seguridad geopolítica, la soberanía nacional o la estabilidad económica de Brasil. De este modo, la norma busca que el país deje de actuar como un mero exportador de materias primas o commodities sin procesar, empleando el control regulatorio para forzar a las corporaciones privadas a procesar, transformar y refinar los recursos minerales dentro de las fronteras brasileñas.

Rechazo del sector productivo y advertencias por inseguridad jurídica

La concentración de potestades regulatorias en manos de un organismo controlado mayoritariamente por el gobierno ha generado una fuerte oposición por parte de los gremios empresariales del sector minero. La Associação Brasileira de Pesquisa Mineral (ABPM), entidad que representa formalmente a las compañías de exploración minera y empresas júnior, criticó abiertamente los términos aprobados en el Congreso, señalando que el trámite legislativo se llevó a cabo con excesiva celeridad y sin una consulta real con el sector productivo. Los reparos de la ABPM se centran en el poder discrecional del CIMCE para vetar modificaciones en las estructuras de capital de las empresas operadoras y suspender contratos comerciales estratégicos sin basarse en reglas claras.

La asociación empresarial respaldó su postura citando un boletín emitido en junio por la Consultoría Legislativa del Senado, el cual ya advertía que esta exigencia carece de criterios técnicos objetivos y plazos definidos para que la autoridad emita sus decisiones. De acuerdo con los representantes de las empresas de menor escala, esta falta de definición genera un riesgo jurídico crítico que perjudica a las mineras júnior que cotizan en bolsas internacionales como las de Toronto en Canadá o Sídney en Australia. Estas corporaciones en etapa de exploración temprana carecen del flujo de caja propio de los grandes conglomerados mineros, dependiendo en su totalidad de la agilidad de los mercados de valores y de la baja burocracia para captar capitales de riesgo extranjero. Por su parte, el Instituto Brasileño de Minería, a través de su director Pablo Cesário, ratificó el rechazo de los inversores mineros frente a estas atribuciones, advirtiendo sobre las posibles repercusiones en la captación de inversiones privadas de largo plazo debido a la excesiva injerencia gubernamental sobre transacciones de carácter estrictamente privado.

La posición de Brasil en el mapa global de las tierras raras

El despliegue de esta nueva estrategia regulatoria e industrial se sustenta en el potencial geológico de Brasil. Según datos publicados en 2025 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país sudamericano alberga las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras con un estimado de 21 millones de toneladas métricas. Este volumen posiciona a Brasil por delante de potencias mineras tradicionales como Australia (6,3 millones de toneladas), Rusia (3,8 millones de toneladas), Estados Unidos (1,9 millones de toneladas) y Groenlandia (1,5 millones de toneladas), siendo únicamente superado por China, que lidera el inventario global con 44 millones de toneladas métricas. El grupo de las tierras raras, compuesto por 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de imanes, turbinas eólicas, motores eléctricos, baterías de alta tecnología, electrónica de consumo y equipos militares avanzados, ha adquirido una relevancia geopolítica determinante.

Pese a poseer esta abundancia de recursos minerales, la producción extractiva brasileña actual es modesta y el país carece de la infraestructura industrial y la tecnología necesarias para realizar la separación, refinación y procesamiento de las tierras raras a escala comercial, una fase compleja de la cadena productiva que hoy se encuentra dominada casi en su totalidad por empresas del mercado chino. Es precisamente esta debilidad tecnológica la que el gobierno pretende mitigar mediante cláusulas que promuevan la transferencia efectiva de tecnología desde socios internacionales hacia corporaciones locales, utilizando las licencias y los incentivos fiscales como mecanismos de atracción de inversión que agreguen valor industrial en territorio brasileño.

Avance de capital extranjero y tensiones comerciales con Estados Unidos

La consolidación de un polo alternativo de suministro despierta un gran interés por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, potencias occidentales enfocadas en diversificar sus cadenas de suministro y disminuir su actual dependencia respecto al refinamiento de origen asiático. Sin embargo, la materialización de estas asociaciones con capitales norteamericanos transcurre en medio de tensiones comerciales bilaterales preexistentes, originadas principalmente por los aranceles impuestos por la administración estadounidense a diversas exportaciones de origen brasileño. Pese a esta coyuntura arancelaria, corporaciones estadounidenses han continuado avanzando sobre los activos mineros brasileños más representativos. A finales de abril, se concretó la venta de la minera Serra Verde, especializada en tierras raras y una de las pocas plataformas productivas activas en el país, a la corporación USA Rare Earth por una suma aproximada de 2.800 millones de dólares.

Esta venta privada fue objeto de un intenso debate en el Congreso de Brasil durante la tramitación de la PNMCE, sirviendo como argumento central para los defensores de un mayor control del Estado sobre activos estratégicos para evitar la pérdida de soberanía de los recursos nacionales. A pesar del entorno político polarizado, marcado por la disputa electoral entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, el proyecto legislativo fue aprobado gracias a un amplio respaldo transversal en ambas cámaras del Congreso. Este consenso multipartidario demuestra que el control nacional sobre los recursos minerales críticos se ha consolidado como un asunto de Estado en Brasil, priorizando la soberanía de los recursos y el valor agregado industrial sobre las disputas partidarias de cara a la sanción presidencial pendiente de Lula da Silva para la entrada en vigor definitiva de la ley.

LTSAN

Key points of this article:

■ The Brazilian Congress gave the green light to the National Policy on Critical and Strategic Minerals (PNMCE), mobilizing public and private resources to stimulate the local value chain.

■ The Mining Activity Guarantee Fund (FGAM) has been established with 2 billion reais, and 5 billion reais in tax incentives have been authorized.

■ The new legislation grants the Executive Branch the authority to veto corporate agreements, mergers, acquisitions, and off-take contracts involving private companies.

■ The Brazilian Association for Mineral Research (ABPM) and industry leaders warn of the risk of legal uncertainty for exploration companies.

■ With the world’s second-largest reserves of rare earth elements (21 million metric tons), Brazil seeks to compete in the processing of these key raw materials, a sector currently dominated by China.

The Brazilian Congress approved the creation of the National Policy on Critical and Strategic Minerals, a law that allocates 7 billion reais in public aid and investments to develop local industrialization and grants the executive branch new oversight and veto powers over transactions by private companies in the sector.

Government Funding and Tax Incentives for Local Processing of Raw Materials

The new legal framework establishes a package of financial incentives totaling 7 billion reais (approximately 1.187 billion euros or 1.4 billion dollars) with the aim of building a comprehensive production chain within the country. This financing structure is divided into two main lines of government action. On the one hand, the Mining Activity Guarantee Fund (FGAM) will be established, which will receive an initial injection of federal public funds totaling 2 billion reais (about 339 million euros or 392.7 million dollars) intended to mitigate risks and support operations related to mining production. On the other hand, the legislation provides for the allocation of tax incentives totaling 5 billion reais (847.5 million euros) spread over a five-year period, with a primary focus on encouraging the local refining of minerals.

In addition, the law requires companies engaged in the exploration, extraction, processing, and transformation of critical and strategic minerals to allocate, for an initial period of six years, 0.2% of their gross operating revenue directly to the FGAM. Furthermore, these companies must contribute 0.3% of their revenue to research and technological development activities within the country. Once the six-year period has ended, the 0.2% originally allocated to the guarantee fund may be redirected to research and development efforts, allowing for a total contribution of up to 0.5% to these innovation programs. Compliance with this financial obligation will be deemed satisfied if the required amounts are deposited into the FGAM or into private funds designed to promote scientific research—an aspect for which specific regulations are still pending. To further facilitate access to private financing, the legislative text formally includes mining exploration projects in the category of projects eligible for the issuance of “incentivized bonds.” These fixed-income instruments, issued by private corporations, will enable mining companies to raise capital in the capital markets under conditions comparable to those of other priority infrastructure sectors such as energy, transportation, or sanitation.

New Regulatory Powers and the Creation of the National Council for Industrialization

The legislation passed by Congress redefines the sector’s governance through the creation of a new National Council for the Industrialization of Critical and Strategic Minerals (CIMCE), which will operate under the direct authority of the Office of the President. This federal council will consist primarily of members directly appointed by the federal executive branch and will have the technical responsibility of determining which specific minerals will receive the legal classification of “critical” or “strategic,” clarifying the definitions applicable to elements such as lithium, nickel, and rare earths. The CIMCE will hold regulatory powers of great significance for the private market, notably its legal authority to approve or definitively veto changes in the corporate control of mining companies operating in this sector.

The powers granted to the Executive Branch also include direct oversight and the authority to veto private commercial transactions, corporate mergers and acquisitions, as well as advance purchase agreements (known as offtake agreements) entered into by mining companies. These state interventions may be carried out in cases where the Brazilian government deems that the transaction under review jeopardizes Brazil’s geopolitical security, national sovereignty, or economic stability. In this way, the regulation aims to ensure that the country ceases to act as a mere exporter of raw materials or unprocessed commodities, using regulatory control to compel private corporations to process, transform, and refine mineral resources within Brazil’s borders.

Opposition from the Mining Sector and Warnings About Legal Uncertainty

The concentration of regulatory powers in the hands of an agency controlled primarily by the government has sparked strong opposition from business associations in the mining sector. The Brazilian Association for Mineral Research (ABPM), an organization that formally represents mining exploration companies and junior mining firms, openly criticized the terms approved by Congress, noting that the legislative process was carried out too quickly and without genuine consultation with the industry. The ABPM’s objections center on the CIMCE’s discretionary power to veto changes to the capital structures of operating companies and suspend strategic commercial contracts without clear rules.

The business association backed its position by citing a bulletin issued in June by the Senate’s Legislative Advisory Office, which had already warned that this requirement lacks objective technical criteria and defined deadlines for the authority to issue its decisions. According to representatives of smaller-scale companies, this lack of clarity creates a critical legal risk that harms junior mining companies listed on international stock exchanges such as those in Toronto, Canada, or Sydney, Australia. These companies in the early exploration stage lack the cash flow typical of large mining conglomerates, relying entirely on the agility of the stock markets and minimal bureaucracy to attract foreign venture capital. For its part, the Brazilian Mining Institute, through its director Pablo Cesário, reaffirmed mining investors’ rejection of these provisions, warning of the potential repercussions on the attraction of long-term private investment due to excessive government interference in strictly private transactions.

Brazil’s Position on the Global Rare Earths Map

The implementation of this new regulatory and industrial strategy is based on Brazil’s geological potential. According to data published in 2025 by the U.S. Geological Survey (USGS), the South American country holds the world’s second-largest reserves of rare earth elements, estimated at 21 million metric tons. This volume places Brazil ahead of traditional mining powers such as Australia (6.3 million metric tons), Russia (3.8 million metric tons), the United States (1.9 million metric tons), and Greenland (1.5 million metric tons), second only to China, which leads the global inventory with 44 million metric tons. The rare earth elements—a group of 17 chemical elements essential for the manufacture of magnets, wind turbines, electric motors, high-tech batteries, consumer electronics, and advanced military equipment—have taken on decisive geopolitical significance.

Despite possessing this abundance of mineral resources, Brazil’s current mining output is modest, and the country lacks the industrial infrastructure and technology necessary to carry out the separation, refining, and processing of rare earths on a commercial scale—a complex phase of the production chain that is currently dominated almost entirely by Chinese companies. It is precisely this technological weakness that the government aims to mitigate through provisions that promote the effective transfer of technology from international partners to local corporations, using licenses and tax incentives as mechanisms to attract investment that adds industrial value within Brazil.

Influx of Foreign Capital and Trade Tensions with the United States

The emergence of an alternative supply hub is generating significant interest from the United States and the European Union, Western powers focused on diversifying their supply chains and reducing their current dependence on Asian-sourced refined products. However, the formation of these partnerships with U.S. capital is taking place amid preexisting bilateral trade tensions, stemming primarily from tariffs imposed by the U.S. administration on various Brazilian exports. Despite this tariff situation, U.S. corporations have continued to make inroads into Brazil’s most prominent mining assets. In late April, the sale of the mining company Serra Verde—which specializes in rare earths and is one of the few active production facilities in the country—to USA Rare Earth was finalized for approximately $2.8 billion.

This private sale was the subject of intense debate in the Brazilian Congress during the legislative process for the PNMCE, serving as a central argument for advocates of greater state control over strategic assets to prevent the loss of sovereignty over national resources. Despite the polarized political climate, marked by the electoral contest between President Luiz Inácio Lula da Silva and opposition Senator Flávio Bolsonaro, the legislative bill was approved thanks to broad, cross-party support in both chambers of Congress. This multiparty consensus demonstrates that national control over critical mineral resources has become established as a matter of state in Brazil, prioritizing resource sovereignty and industrial value-added over partisan disputes ahead of President Lula da Silva’s pending presidential approval for the law to take effect.

LTSAN