Chile Day en Londres: Biministro Mas presenta avances en litio y propone un distrito minero sudamericano con Argentina, Perú y Bolivia ▶️ Chile Day in London: Deputy Minister Mas Outlines Progress on Lithium and Proposes a South American Mining District with Argentina, Peru, and Bolivia

Puntos clave

■ Tramitación de CEOL: El Ejecutivo reingresó dos Contratos Especiales de Operación de Litio a la Contraloría General de la República y enviará tres más, destrabando proyectos tras tres décadas sin avances.

■ Proyectos destacados: Las solicitudes corresponden a Laguna Verde de CleanTech Lithium por US$ 748 millones y Salar de Ascotán de Minera Ascotán (Codelco y Quiborax).

■ Incentivos tributarios: La aprobada Ley de Reconstrucción contempla invariabilidad tributaria para grandes proyectos y reduce progresivamente el impuesto corporativo del 27% al 23%.

■ Permisilogía y exploración: Se prevé aumentar de 50 a 90 las declaraciones juradas simplificadas este año, eliminar 40 permisos en tributación y elevar el límite de sondajes de exploración sin autorización ambiental.

■ Distrito sudamericano: El Ejecutivo plantea la conformación de un bloque regional con Argentina, Perú y Bolivia que agruparía el 35% del cobre mundial y el 43% de los recursos de litio.

El Gobierno de Chile reingresó a la Contraloría General de la República dos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) y prevé presentar tres adicionales la próxima semana, junto con la implementación de reducciones tributarias y la simplificación de permisos sectoriales para reactivar la inversión privada en el rubro.

Tramitación de nuevos Contratos Especiales de Operación de Litio e iniciativas privadas

En el marco del evento Chile Day realizado en Londres, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expuso los avances en la estrategia gubernamental para dinamizar el sector minero. El funcionario explicó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha identificado 69 salares o lagunas saladas en el territorio chileno, de los cuales únicamente el Salar de Atacama se encuentra actualmente en fase de producción. Con el propósito de modificar este escenario, la administración adoptó los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) como la fórmula jurídica para viabilizar el ingreso de capitales privados.

El biministro precisó que al asumir la actual gestión del presidente José Antonio Kast, existían cinco contratos pendientes de ingreso a la Contraloría General de la República, los cuales habían sido rechazados previamente por dicho organismo. La semana pasada se concretó el reingreso de los primeros dos expedientes, mientras que los tres restantes serán ingresados durante la semana subsiguiente, lo que fue calificado por la autoridad como un avance concreto tras 30 años sin movimiento en la tramitación de nuevos proyectos.

Proyectos Laguna Verde y Salar de Ascotán lideran el reingreso contractual a Contraloría

Entre las solicitudes de CEOL reingresadas ante el organismo contralor destaca el proyecto Laguna Verde, presentado a través de la entidad Atacama Salt Lakes por la compañía CleanTech Lithium, que involucra una inversión contemplada de US$ 748 millones. La segunda solicitud corresponde al proyecto Salar de Ascotán, impulsado por Minera Ascotán, una empresa conjunta constituida entre la estatal Codelco y la firma Quiborax.

El Ejecutivo subrayó que el desarrollo de la industria requiere una política enfocada en resultados concretos, sustentada en reglas claras, contratos ágiles, mayor apertura a las labores de exploración y la optimización del instrumento contractual de los CEOL. Asimismo, las autoridades enfatizaron que la intención gubernamental es que los inversionistas privados lideren los desembolsos de capital, identificando además oportunidades operativas asociadas en tecnología de extracción, suministro de agua y generación de energía.

Antecedentes de adjudicación y recuperación de litio a partir de residuos mineros

Como antecedente directo de esta política de licencias contractuales, en el mes de agosto el Gobierno otorgó su primer CEOL a la empresa Quiborax. Dicha autorización faculta a la compañía para ejecutar una iniciativa presupuestada en US$ 70 millones, orientada específicamente a la recuperación del mineral a partir de residuos mineros.

Esta serie de adjudicación y tramitación de contratos se enmarca en las metas trazadas durante los primeros seis meses de la administración gubernamental para incrementar la producción nacional, fortalecer la posición del sector y generar puestos de trabajo mediante la atracción de capitales privados y la constitución de alianzas público-privadas.

Marco tributario, ley de mercado de capitales y modelo de alianzas público-privadas

La estrategia del Ejecutivo para estimular el potencial minero contempla un paquete de incentivos económicos centrado en brindar certeza jurídica y facilidades de financiamiento. Entre las medidas centrales resalta la Ley de Reconstrucción, iniciativa legal que ya se encuentra aprobada y que establece el principio de invariabilidad tributaria para proyectos mineros de gran escala.

En materia impositiva, la referida ley contempla una reducción gradual de la tasa del impuesto corporativo, la cual descenderá desde el nivel actual de 27% hasta alcanzar un 23%. A esta medida se suma la promoción del proyecto de ley de Mercado de Capitales, diseñado para fomentar la exploración temprana mediante facilidades de acceso a financiamiento para empresas junior.

Modelo de asociación entre Codelco y firmas privadas como pilar operativo

Durante su presentación en la segunda versión de ChileDay en la capital británica, el ministro Daniel Mas resaltó el esquema de alianzas que la estatal Codelco mantiene con actores privados internacionales como un modelo a replicar en la industria. Entre las compañías que participan en estas alianzas se encuentran Freeport, Teck, SQM, Anglo y Rio Tinto.

La autoridad manifestó la convicción de que la empresa estatal y el capital privado poseen capacidades complementarias para el desarrollo de proyectos. Por ello, el Gobierno busca extender este tipo de asociaciones mixtas a fin de consolidar el crecimiento operativo y productivo de la minería nacional.

Agenda de simplificación permisiológica y facilidades para la exploración minera

El plan de modernización regulatoria abarca la revisión de la permisilogía requerida para las faenas mineras en el país. De un universo total de 400 permisos mineros existentes en la normativa, actualmente 50 permisos operan bajo el mecanismo de declaraciones juradas simplificadas.

La meta fijada por el Ejecutivo es elevar esa cifra a 90 permisos gestionados mediante declaración jurada hacia fin de año, sumado a la eliminación proyectada de otros 40 permisos en materia de tributación. Según la autoridad, estas adecuaciones buscan elevar la eficiencia del Estado sin perjudicar los estándares vigentes.

Conversión de permisos a declaraciones juradas simplificadas y beneficios a la pequeña minería

En el ámbito de las faenas de menor envergadura, se dispuso la reducción de exigencias para la exploración de menor escala. Específicamente, el límite permitido para realizar sondajes sin requerir autorización ambiental previa se incrementó de 40 a 160 toneladas.

Adicionalmente, el umbral operativo catalogado para la pequeña minería se amplió desde 5.000 a 40.000 toneladas. En forma complementaria, el Gobierno promueve modificaciones al sistema de rebajas de patentes mineras, con el objetivo de estructurar beneficios directos para los pequeños productores del sector.

Requerimientos de capital humano e integración de un distrito minero sudamericano

Junto a la tramitación de permisos y financiamiento, el Ejecutivo identificó la disponibilidad de personal calificado como un aspecto crítico para el desarrollo de la industria. En la actualidad, la actividad minera en Chile genera empleo directo para aproximadamente 270.000 trabajadores.

No obstante, las proyecciones sectoriales señalan que la industria requerirá incorporar entre 30.000 y 50.000 nuevos trabajadores directos hacia finales de la presente década. El biministro planteó que esta brecha en el capital humano constituye un cuello de botella operativo que podría resultar más determinante para la concreción de los proyectos que la consecución de financiamiento monetario.

Propuesta de bloque regional con Argentina, Perú y Bolivia para concentrar recursos globales

Para abordar los desafíos del sector a escala global, el Gobierno propuso articular un distrito minero sudamericano en conjunto con Argentina, Perú y Bolivia. Esta propuesta plantea que Chile funcione como una plataforma logística, financiera, tecnológica y de prestación de servicios para la región.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Ejecutivo, la integración de estas cuatro naciones conformaría un bloque territorial que concentraría aproximadamente el 35% de la producción mundial de cobre y el 43% de los recursos globales de litio.

LTSAN

Key Takeaways

■ CEOL Processing: The Executive Branch resubmitted two Special Lithium Operation Contracts to the Comptroller General’s Office and will submit three more, unblocking projects after three decades of stagnation.

■ Notable Projects: The applications include CleanTech Lithium’s Laguna Verde project, valued at US$748 million, and Minera Ascotán’s (Codelco and Quiborax) Salar de Ascotán project.

■ Tax Incentives: The approved Reconstruction Law provides for tax stability for large projects and progressively reduces the corporate tax rate from 27% to 23%.

■ Permitting and exploration: Plans call for increasing the number of simplified affidavits from 50 to 90 this year, eliminating 40 tax-related permits, and raising the limit on exploratory drilling without environmental authorization.

■ South American District: The Executive Branch proposes forming a regional bloc with Argentina, Peru, and Bolivia that would account for 35% of the world’s copper and 43% of lithium resources.

The Chilean government has resubmitted two Special Lithium Operation Contracts (CEOL) to the Comptroller General’s Office and plans to submit three additional ones next week, along with the implementation of tax cuts and the streamlining of sector-specific permits to revive private investment in the sector.

Processing of New Special Lithium Operation Contracts and Private Initiatives

As part of the Chile Day event held in London, Daniel Mas, the Deputy Minister of Economy and Mining, outlined the progress made in the government’s strategy to revitalize the mining sector. The official explained that the National Service of Geology and Mining (Sernageomin) has identified 69 salt flats or salt lakes in Chile, of which only the Atacama Salt Flat is currently in production. To change this situation, the administration adopted the Special Lithium Operation Contracts (CEOL) as the legal framework to facilitate the inflow of private capital.

The Deputy Minister noted that when President José Antonio Kast’s current administration took office, there were five contracts pending submission to the Comptroller General’s Office, all of which had previously been rejected by that agency. Last week, the first two applications were resubmitted, while the remaining three will be submitted the following week—a development the official described as concrete progress after 30 years of stagnation in the processing of new projects.

Laguna Verde and Salar de Ascotán Projects Lead the Resubmission of Contracts to the Comptroller’s Office

Among the CEOL applications resubmitted to the regulatory agency, the Laguna Verde project stands out. It was submitted through Atacama Salt Lakes by CleanTech Lithium and involves a projected investment of US$748 million. The second application is for the Salar de Ascotán project, led by Minera Ascotán, a joint venture between the state-owned company Codelco and Quiborax.

The Executive Branch emphasized that the industry’s development requires a policy focused on concrete results, underpinned by clear rules, streamlined contracts, greater openness to exploration activities, and the optimization of the CEOL contractual framework. Likewise, the authorities emphasized that the government’s intention is for private investors to lead capital expenditures, while also identifying associated operational opportunities in extraction technology, water supply, and power generation.

Background on the Awarding of Contracts and Lithium Recovery from Mining Waste

As a direct precursor to this contractual licensing policy, in August the government awarded its first CEOL to the company Quiborax. This authorization enables the company to carry out an initiative budgeted at US$70 million, specifically aimed at recovering the mineral from mining waste.

This series of contract awards and processing efforts is part of the goals set during the first six months of the administration to increase domestic production, strengthen the sector’s position, and create jobs by attracting private capital and establishing public-private partnerships.

Tax Framework, Capital Markets Law, and Public-Private Partnership Model

The Executive Branch’s strategy to stimulate the mining sector’s potential includes a package of economic incentives focused on providing legal certainty and financing facilities. Among the key measures is the Reconstruction Law, a legislative initiative that has already been approved and establishes the principle of tax certainty for large-scale mining projects.

On the tax front, the aforementioned law provides for a gradual reduction in the corporate tax rate, which will drop from the current level of 27% to 23%. Complementing this measure is the promotion of the Capital Markets Bill, designed to encourage early-stage exploration by facilitating access to financing for junior mining companies.

Partnership Model Between Codelco and Private Firms as an Operational Pillar

During his presentation at the second edition of ChileDay in the British capital, Minister Daniel Mas highlighted the partnership framework that the state-owned company Codelco maintains with international private-sector actors as a model to be replicated in the industry. Among the companies participating in these partnerships are Freeport, Teck, SQM, Anglo, and Rio Tinto.

The minister expressed his conviction that the state-owned enterprise and private capital possess complementary capabilities for project development. For this reason, the government seeks to expand this type of joint venture in order to consolidate the operational and productive growth of the national mining sector.

Agenda for Simplifying Permitting and Facilitating Mining Exploration

The regulatory modernization plan includes a review of the permitting requirements for mining operations in the country. Out of a total of 400 existing mining permits under current regulations, 50 permits currently operate under the simplified affidavit mechanism.

The goal set by the Executive Branch is to increase that number to 90 permits managed through sworn declarations by the end of the year, in addition to the projected elimination of another 40 permits related to taxation. According to the authority, these adjustments aim to increase government efficiency without compromising current standards.

Conversion of Permits to Simplified Affidavits and Benefits for Small-Scale Mining

In the area of smaller-scale operations, requirements for small-scale exploration were relaxed. Specifically, the permitted limit for drilling without prior environmental authorization was increased from 40 to 160 metric tons.

Additionally, the operational threshold for small-scale mining was expanded from 5,000 to 40,000 metric tons. Complementarily, the government is promoting changes to the mining license fee reduction system, with the aim of providing direct benefits to small-scale producers in the sector.

Human Capital Requirements and the Integration of a South American Mining District

Along with permit processing and financing, the Executive Branch identified the availability of qualified personnel as a critical factor for the industry’s development. Currently, mining activity in Chile generates direct employment for approximately 270,000 workers.

However, sector projections indicate that the industry will need to hire between 30,000 and 50,000 new direct workers by the end of this decade. The dual minister stated that this human capital gap constitutes an operational bottleneck that could prove more decisive for the realization of projects than securing financial funding.

Proposal for a regional bloc with Argentina, Peru, and Bolivia to pool global resources

To address the sector’s challenges on a global scale, the government proposed establishing a South American mining district in partnership with Argentina, Peru, and Bolivia. This proposal envisions Chile serving as a logistics, financial, technological, and service-provision hub for the region.

According to figures presented by the executive branch, the integration of these four nations would form a territorial bloc accounting for approximately 35% of global copper production and 43% of global lithium resources.

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