Revisión crítica de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos de Chile, por Pía Moscoso Restovic* ▶️ Critical review of Chile’s National Strategy for Critical Minerals, by Pía Moscoso Restovic*
El Ministerio de Minería de Chile publicó en enero de 2026 la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, un instrumento de política pública diseñado para guiar la acción del Estado en torno al desarrollo de estos recursos. El documento establece una hoja de ruta para integrar la riqueza geológica del país en las cadenas globales de suministro, vinculadas a la transición energética y la transformación digital
La elaboración del documento fue liderada por el equipo técnico del Ministerio de Minería, con el apoyo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Participaron además los ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Obras Públicas. El financiamiento provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS).
La lista de minerales considerados críticos para Chile es la siguiente:
Cobre (Cu), Litio (Li), Molibdeno (Mo), Renio (Re), Cobalto (Co), Elementos de Tierras Raras (ETR), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Telurio (Te), Oro (Au), Plata (Ag), Hierro (Fe), Boro (B) y Yodo (I).
El proceso de creación de la EMC se extendió desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025 y constó de dos etapas principales:
- Estudios técnicos y participación: Se realizaron análisis de oferta, demanda y potencial geológico por parte de Cochilco, Sernageomin y el BID. Simultáneamente, operó un Comité Consultivo de Alto Nivel y Comités Técnicos con más de 60 organizaciones.
- Consulta ciudadana: Entre septiembre y octubre de 2025, se habilitó un proceso de consulta virtual y talleres regionales presenciales en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso para recoger observaciones territoriales.
Al respecto, la Dra. Pía Moscoso Restovic Abogada. Magister en Derecho de Minas. Doctora en Derecho Internacional. Árbitro de la Cámara Minera de Chile y Directora del Programa de Recursos Naturales de la Universidad de Atacama, elaboró el siguiente análisis comentado, abordando diferentes aspectos sobre este instrumento, desde el punto de vista de sus perspectivas y áreas de especialización.
A continuación, compartimos su informe :
«REVISIÓN CRÍTICA A LA ESTRATEGIA CHILENA DE MINERALES CRÍTICOS
*Por Pia Moscoso Restovic[1]Abogada. Magister en Derecho de Minas. Doctora en Derecho Internacional. Árbitro de la Cámara Minera de Chile, Directora del Programa de Recursos Naturales de la Universidad de Atacama. Contacto: pia.moscoso@uda.cl. RRSS @lawbypiamoscoso
La Estrategia Nacional de Minerales Críticos de Chile (en adelante, Estrategia o “EMC”), presentada el 28 de enero de 2026 durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, aborda desafíos sustantivos para la adopción de decisiones estratégicas vinculadas al potencial geológico del país, la experiencia histórica de la industria minera chilena, el fortalecimiento de la institucionalidad minero-ambiental y las oportunidades de innovación tecnológica con incidencia en el comercio internacional.
Para su elaboración se convocó a un Comité Consultivo de Alto Nivel, integrado por representantes de los Ministerios de Minería y de Relaciones Exteriores, ex subsecretarios, presidentes de colegios profesionales, servicios públicos competentes y representantes de la academia. Asimismo, participó un Comité Técnico multisectorial, estructurado en torno a los ejes que ordenan la Estrategia. El proceso concluyó con una consulta ciudadana con enfoque territorial en regiones de vocación minera.
I. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MINERALES CRÍTICOS.
1. Concepto funcional de mineral crítico.
Una de las principales fortalezas de la EMC radica en la adopción de una definición propia de “mineral crítico”, caracterizada por su flexibilidad y amplitud, alineada con los criterios utilizados en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá y Australia.
Conforme a la EMC, un mineral adquiere la condición de crítico cuando concurren las siguientes variables:
a) participación actual o potencial en el suministro global;
b) reconocimiento como mineral crítico en economías relevantes; y
c) existencia de oportunidades estratégicas nacionales, con independencia de su inclusión en listados extranjeros.
Este enfoque permite la actualización técnico-administrativa del listado de minerales críticos sin requerir reformas a la Estrategia ni modificaciones legales. Desde una perspectiva jurídica, la definición adoptada no altera el régimen constitucional minero vigente ni incide en el estatuto legal o reglamentario aplicable a las concesiones. La inclusión de minerales como el oro, la plata y el hierro —entre otros— evidencia que la EMC no se circunscribe exclusivamente a minerales asociados a la transición energética o a la electromovilidad, sino que adopta una categoría expansiva que transforma la “criticidad” en un criterio de relevancia económica y estratégica para el desarrollo nacional.
2. Coherencia con el régimen constitucional y legal minero vigente.
La EMC declara expresamente que no modifica el régimen de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas, ni el sistema concesional y contractual que estructura el ordenamiento minero chileno.
En consecuencia, atendida la reconocida fortaleza comparada de la institucionalidad minera chilena, la EMC no debe interpretarse como un instrumento que introduzca incertidumbre en materia de propiedad minera, en el régimen de amparo o en el reconocimiento de derechos mineros.
Asimismo, la Estrategia reconoce instrumentos jurídicos de alta relevancia sectorial, tales como los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), las reformas recientes al Código de Minería y los lineamientos de la Política Nacional Minera 2050, junto con sus instrumentos de gestión derivados. Esta articulación refuerza la coherencia sistémica entre política pública y marco normativo vigente.
3. Enfoque integral en la cadena de valor.
La EMC promueve acciones orientadas al fortalecimiento de la cadena de valor minera, abarcando la producción, la innovación y la inserción estratégica en los mercados internacionales. Se contempla la promoción de encadenamientos productivos, programas de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de la diplomacia minera.
Este enfoque busca superar la dependencia exclusiva de la renta extractiva, diversificando la política minera hacia dimensiones industriales, científicas, tecnológicas y comerciales, en coherencia con una estrategia de desarrollo de largo plazo.
4. Incorporación explícita de estándares ESG y gobernanza.
La Estrategia incorpora de manera expresa estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza (ESG), promoviendo acuerdos de producción limpia y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Destaca articulaciones con el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, reconoce la incidencia del royalty minero y la relevancia de enfoques participativos orientados a la legitimidad social.
Con ello, la EMC anticipa exigencias crecientes en mercados internacionales competitivos, fortaleciendo la posición de Chile como proveedor confiable y sostenible.
II. DESVENTAJAS Y DEBILIDADES.
1. Naturaleza no vinculante.
Desde el punto de vista jurídico, la principal debilidad de la EMC radica en su carácter no vinculante: no constituye ley ni posee fuerza normativa obligatoria.
Ello implica la ausencia de obligaciones exigibles, plazos perentorios, metas cuantificables o indicadores jurídicamente vinculantes relativos a su implementación. En consecuencia, la EMC se configura como un instrumento programático de política pública, cuya eficacia dependerá de la coordinación interministerial y de la eficiencia política para traducir sus lineamientos en normas e instrumentos concretos.
2. Ausencia de instrumentos regulatorios específicos
La EMC no desarrolla instrumentos regulatorios concretos para su implementación, tales como incentivos tributarios específicos, mecanismos de tramitación acelerada (fast-track), reformas al sistema de permisos sectoriales, instrumentos financieros especializados o estándares técnicos diferenciados. La definición de tales instrumentos exige un debate técnico y político específico, atendida la complejidad de la industria minera y la necesidad de su adopción mediante leyes, reglamentos o la aplicación de tratados internacionales, con intervención de distintos poderes del Estado.
En este sentido, la EMC recoge consensos estratégicos que deberán escalar hacia un marco normativo específico para alcanzar eficacia práctica.
3. Gobernanza interna de la Estrategia.
La EMC no establece un modelo formal de gobernanza propio. Carece de un órgano coordinador permanente, de un comité interministerial institucionalizado, de mecanismos de resolución de controversias o de un sistema estructurado de seguimiento y evaluación.
Esta ausencia puede generar riesgos de fragmentación en su ejecución, haciendo depender su continuidad del grado de coordinación entre Ministerios, Servicios Públicos y actores privados.
4. Tensiones estructurales no abordadas.
Si bien la EMC se inserta en un país con sólida tradición minera e institucionalidad estable, no desarrolla acciones específicas respecto de materias de alta sensibilidad, como son el uso de recursos hídricos en minería o la gestión de relaves.
Considerando que corresponde al Estado la promoción y resguardo de derechos fundamentales, el aseguramiento de estándares de desarrollo humano, la protección de recursos estratégicos y la calidad de vida en zonas mineras, la Estrategia opta por ceñirse a la institucionalidad sectorial vigente, sin proponer innovaciones regulatorias sustantivas en estos ámbitos.
No obstante, reconoce implícitamente la necesidad de altos estándares socioambientales y de responsabilidad en la expansión productiva y atracción de inversiones, particularmente en regímenes especiales como el litio, que combina fórmulas contractuales, iniciativa privada y gobernanza público-privada bajo el marco ambiental general.
5. Necesidad de coordinación con otras estrategias.
La EMC no opera de manera aislada, sino en coordinación con instrumentos como la Estrategia Nacional del Litio, la Política Nacional Minera 2050, el Plan Sectorial de Cambio Climático y las estrategias regionales de desarrollo, así como con políticas de fomento productivo e innovación tecnológica.
La eficacia sistémica de la EMC dependerá, en consecuencia, de su adecuada articulación intersectorial y territorial.
III. VALORACIÓN JURÍDICO-ESTRATÉGICA FINAL.
La EMC constituye una síntesis de consensos entre actores públicos y privados relevantes del sector minero chileno, con intereses y responsabilidades diversas.
Su alineación internacional, la prudencia constitucional en materia de régimen de dominio y concesiones y su enfoque sistémico le otorgan flexibilidad y legitimidad política.
No obstante, su eficacia jurídica y técnica dependerá de la capacidad del Estado para traducir sus lineamientos estratégicos en instrumentos normativos, presupuestarios y de gestión concretos, con metas medibles y mecanismos de evaluación, especialmente diseñados desde las regiones mineras del país.
En definitiva, la EMC representa una hoja de ruta estratégica con sólida coherencia institucional, cuya consolidación requerirá desarrollo normativo, coordinación interorgánica y fortalecimiento de la gobernanza pública sectorial.»
Lithium Triangle South America -News
Click aquí para visitar el PDF del documento «Estrategia Nacional de Minerales Críticos» de Chile.
Click here to visit the PDF of Chile’s “National Critical Minerals Strategy” document.
In January 2026, Chile’s Ministry of Mining published the National Critical Minerals Strategy, a public policy instrument designed to guide government action on the development of these resources. The document sets out a roadmap for integrating the country’s geological wealth into global supply chains linked to the energy transition and digital transformation.
The document was drafted by the Ministry of Mining’s technical team, with support from the Chilean Copper Commission (Cochilco) and the National Geology and Mining Service (Sernageomin). The Ministries of Finance, Economy, Foreign Affairs, Environment, Energy, Science, and Public Works also participated. Funding came from the Inter-American Development Bank (IDB) and the Sustainable Productive Development (DPS) program.
The list of minerals considered critical for Chile is as follows:
Copper (Cu), Lithium (Li), Molybdenum (Mo), Rhenium (Re), Cobalt (Co), Rare Earth Elements (REE), Antimony (Sb), Selenium (Se), Tellurium (Te), Gold (Au), Silver (Ag), Iron (Fe), Boron (B), and Iodine (I).
The process of creating the EMC lasted from July 2024 to December 2025 and consisted of two main stages:
1.Technical studies and participation: Cochilco, Sernageomin, and the IDB conducted analyses of supply, demand, and geological potential. At the same time, a High-Level Advisory Committee and Technical Committees with more than 60 organizations were in operation.
2. Public consultation: Between September and October 2025, a virtual consultation process and regional workshops were held in Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, and Valparaíso to gather territorial observations.
In this regard, Dr. Pía Moscoso Restovic, lawyer, Master in Mining Law, Doctor in International Law and Arbitrator of the Chilean Mining Chamber, and Director of the Natural Resources Program at the University of Atacama, prepared the following annotated analysis, addressing different aspects of this instrument from the perspective of her areas of expertise.
Below, we share her report:
«CRITICAL REVIEW OF CHILE’S CRITICAL MINERALS STRATEGY
By Pia Moscoso Restovic[1] Lawyer. Master’s degree in Mining Law. Doctorate in International Law. Arbitrator for the Chilean Mining Chamber, Director of the Natural Resources Program at the University of Atacama. Contact: pia.moscoso@uda.cl. Social media @lawbypiamoscoso
Chile’s National Critical Minerals Strategy (hereinafter, Strategy or “EMC”), presented on January 28, 2026, during the administration of President Gabriel Boric, addresses substantive challenges for strategic decision-making related to the country’s geological potential, the historical experience of the Chilean mining industry, the strengthening of mining and environmental institutions, and opportunities for technological innovation with an impact on international trade.
A High-Level Advisory Committee was convened to develop the strategy, comprising representatives from the Ministries of Mining and Foreign Affairs, former undersecretaries, presidents of professional associations, relevant public services, and representatives from academia. A multisectoral Technical Committee also participated, structured around the pillars that guide the Strategy. The process concluded with a citizen consultation with a territorial focus in mining regions.
I. ADVANTAGES OF THE NATIONAL CRITICAL MINERALS STRATEGY.
- Functional concept of critical minerals.
One of the main strengths of the EMC lies in the adoption of its own definition of “critical mineral,” characterized by its flexibility and breadth, aligned with the criteria used in jurisdictions such as the United States, Canada, and Australia.
According to the EMC, a mineral acquires critical status when the following variables converge:
a) current or potential participation in global supply;
b) recognition as a critical mineral in relevant economies; and
c) existence of strategic national opportunities, regardless of its inclusion in foreign lists.
This approach allows for the technical and administrative updating of the list of critical minerals without requiring reforms to the Strategy or legal modifications. From a legal perspective, the definition adopted does not alter the current constitutional mining regime or affect the legal or regulatory status applicable to concessions. The inclusion of minerals such as gold, silver, and iron—among others—shows that the EMC is not limited exclusively to minerals associated with the energy transition or electromobility, but rather adopts an expansive category that transforms “criticality” into a criterion of economic and strategic relevance for national development.
- Consistency with the current constitutional and legal mining regime.
The EMC expressly states that it does not modify the regime of absolute, exclusive, inalienable, and imprescriptible ownership of the State over mines, nor the concessionary and contractual system that structures the Chilean mining system.
Consequently, given the recognized comparative strength of Chilean mining institutions, the EMC should not be interpreted as an instrument that introduces uncertainty in matters of mining property, the protection regime, or the recognition of mining rights.
The Strategy also recognizes legal instruments of high sectoral relevance, such as Special Lithium Operation Contracts (CEOL), recent reforms to the Mining Code, and the guidelines of the National Mining Policy 2050, together with their derivative management instruments. This coordination reinforces systemic coherence between public policy and the current regulatory framework.
- Comprehensive approach to the value chain.
The EMC promotes actions aimed at strengthening the mining value chain, covering production, innovation, and strategic insertion into international markets. It contemplates the promotion of productive chains, scientific research and technological development programs, as well as the strengthening of mining diplomacy.
This approach seeks to overcome exclusive dependence on extractive income by diversifying mining policy toward industrial, scientific, technological, and commercial dimensions, in line with a long-term development strategy.
- Explicit incorporation of ESG standards and governance.
The Strategy expressly incorporates international sustainability and governance standards (ESG), promoting clean production agreements and compliance with international commitments made by the State of Chile. It highlights links with the Paris Agreement, ILO Convention 169, and the Escazú Agreement. It also recognizes the impact of mining royalties and the importance of participatory approaches aimed at social legitimacy.
In doing so, the EMC anticipates growing demands in competitive international markets, strengthening Chile’s position as a reliable and sustainable supplier.
II. DISADVANTAGES AND WEAKNESSES.
- Non-binding nature.
From a legal standpoint, the main weakness of the EMC lies in its non-binding nature: it is not law and has no binding regulatory force.
This implies the absence of enforceable obligations, peremptory deadlines, quantifiable goals, or legally binding indicators regarding its implementation. Consequently, the EMC is configured as a programmatic public policy instrument, whose effectiveness will depend on interministerial coordination and political efficiency in translating its guidelines into concrete rules and instruments.
- Absence of specific regulatory instruments.
The EMC does not develop specific regulatory instruments for its implementation, such as specific tax incentives, fast-track mechanisms, reforms to the sectoral permitting system, specialized financial instruments, or differentiated technical standards. The definition of such instruments requires specific technical and political debate, given the complexity of the mining industry and the need for their adoption through laws, regulations, or the application of international treaties, with the involvement of different branches of government.
In this sense, the EMC brings together strategic consensus that must be scaled up to a specific regulatory framework in order to achieve practical effectiveness.
- Internal governance of the Strategy.
The EMC does not establish a formal governance model of its own. It lacks a permanent coordinating body, an institutionalized interministerial committee, dispute resolution mechanisms, or a structured monitoring and evaluation system.
This absence may generate risks of fragmentation in its implementation, making its continuity dependent on the degree of coordination between ministries, public services, and private actors.
- Unaddressed structural tensions.
Although the EMC is part of a country with a strong mining tradition and stable institutions, it does not take specific action on highly sensitive issues such as the use of water resources in mining or tailings management.
Considering that it is the responsibility of the State to promote and safeguard fundamental rights, ensure human development standards, protect strategic resources, and guarantee quality of life in mining areas, the Strategy chooses to adhere to the current sectoral institutional framework, without proposing substantive regulatory innovations in these areas.
However, it implicitly recognizes the need for high socio-environmental and accountability standards in productive expansion and investment attraction, particularly in special regimes such as lithium, which combines contractual formulas, private initiative, and public-private governance under the general environmental framework.
- Need for coordination with other strategies.
The EMC does not operate in isolation, but in coordination with instruments such as the National Lithium Strategy, the National Mining Policy 2050, the Sectoral Climate Change Plan, and regional development strategies, as well as policies to promote production and technological innovation.
The systemic effectiveness of the EMC will therefore depend on its adequate intersectoral and territorial coordination.
III. FINAL LEGAL-STRATEGIC ASSESSMENT.
The EMC represents a synthesis of consensus among relevant public and private actors in the Chilean mining sector, with diverse interests and responsibilities.
Its international alignment, constitutional prudence in matters of ownership and concessions, and systemic approach give it flexibility and political legitimacy.
However, its legal and technical effectiveness will depend on the State’s ability to translate its strategic guidelines into concrete regulatory, budgetary, and management instruments, with measurable goals and evaluation mechanisms, specially designed from the country’s mining regions.
In short, the EMC represents a strategic roadmap with solid institutional coherence, whose consolidation will require regulatory development, inter-agency coordination, and strengthening of sectoral public governance.»
Courtesy translation into English by Lithium Triangle South America -News
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