Codelco y empresas de litio presentan observaciones técnicas a la propuesta de áreas protegidas en el Salar de Atacama ▶️ Codelco and lithium companies submit technical observations on the proposal for protected areas in the Salar de Atacama
La propuesta impulsada por el Ministerio chileno de Medio Ambiente para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas ha generado una reacción inmediata y crítica por parte de los principales actores de la minería en Chile.
Codelco y Albemarle, junto a gremios como la Sonami y compañías vinculadas al Grupo Errázuriz, han presentado observaciones formales cuestionando la viabilidad y los fundamentos técnicos de esta iniciativa estatal. Este proceso de consulta pública, que se enmarca en la Red de Salares Protegidos para la Región de Antofagasta, ha levantado suspicacias debido a su potencial impacto en la producción minera y la falta de claridad en los criterios científicos utilizados para delimitar las zonas de resguardo.
La iniciativa gubernamental considera una superficie total de más de 76 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente 34 mil se encuentran dentro del sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor, un humedal de relevancia internacional por su valor ecológico. Sin embargo, la industria advierte que esta medida podría generar restricciones regulatorias relevantes sin un correlato técnico suficiente, afectando no solo la extracción de recursos estratégicos, sino también actividades como el turismo y el desarrollo de infraestructura necesaria para la sostenibilidad ambiental de las propias faenas.
Codelco, la minera estatal que recientemente consolidó su posición en el mercado del litio a través de un acuerdo estratégico con SQM y la creación de Novandino Litio, ha sido una de las voces más firmes en contra de la delimitación propuesta. En sus observaciones, la estatal señaló que el Ministerio no ha explicitado los criterios ecológicos, biogeográficos o funcionales que justifiquen priorizar ciertos sectores sobre otros dentro del sistema del salar. Esta falta de transparencia en la metodología científica es una de las principales preocupaciones, ya que la definición de estas áreas de conservación de múltiples usos podría acarrear impactos heterogéneos en sectores productivos clave para la economía nacional.
Argumentos técnicos y procedimentales de la industria minera contra la Red de Salares Protegidos
Uno de los pilares de la crítica sectorial se centra en la forma en que se llevó a cabo el proceso administrativo. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ha denunciado que la consulta pública se inició con plazos acotados e insuficientes, los cuales resultan desproporcionados dada la complejidad técnica y regulatoria del instrumento propuesto. El gremio enfatizó que realizar este proceso durante el período estival y en fechas cercanas a las festividades de fin de año dificultó seriamente una participación informada y efectiva de las partes interesadas.
Por su parte, empresas vinculadas al Grupo Errázuriz, específicamente la Sociedad Contractual Minera Copiapó (SCM Copiapó) y la Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine, han denunciado una superposición directa entre las áreas que se pretenden proteger y sus concesiones mineras vigentes. Ante esta situación, las firmas han solicitado formalmente que se deje sin efecto el proceso de consulta ciudadana actual y se ordene la apertura de una nueva instancia que cumpla con los estándares mínimos de acceso a la información ambiental y participación pública en la toma de decisiones. Esta exigencia subraya la tensión existente entre la planificación estatal y los derechos de propiedad minera ya establecidos en el territorio.
La preocupación por la sobrerregulación no justificada es un tema recurrente en las presentaciones de los actores mineros. La industria sostiene que, si no se acota el polígono del área a proteger de manera congruente con la presencia real de los objetos de protección, se corre el riesgo de introducir trabas administrativas que no tienen un beneficio ambiental directo. Codelco, en particular, ha sugerido que el polígono sea rediseñado en base a estudios ambientales detallados y ejecutados en el territorio, que permitan identificar y caracterizar con precisión la flora y fauna que realmente requieren resguardo.
La controversia por la protección de la chinchilla y los criterios ecológicos
Un punto especialmente polémico en las observaciones presentadas es la inclusión de la chinchilla como objeto de protección dentro del polígono del Sistema Hidrológico Soncor. Tanto Codelco como Sonami han cuestionado duramente este aspecto, argumentando que no existe evidencia histórica ni actual que respalde la presencia o el uso de hábitat por parte de esta especie en el área específica propuesta. Según la estatal, de acuerdo con los antecedentes disponibles para el Salar de Atacama, no se han registrado detecciones de la especie en el sistema Soncor, lo que invalida su uso como fundamento para la restricción de actividades.
Desde la perspectiva de la Sonami, incluir a la chinchilla como objeto de protección en la totalidad del polígono constituye una medida que carece de proporcionalidad ecológica. El gremio advierte que esta decisión introduce un riesgo de seguridad jurídica y regulatoria, ya que podría generar limitaciones severas a la actividad minera basadas en un correlato técnico insuficiente. La exigencia de la industria es clara: cualquier medida de protección debe estar respaldada por evidencia científica sólida para evitar que se convierta en una herramienta de obstrucción arbitraria.
Este debate sobre la fauna se inserta en una discusión más amplia sobre cómo equilibrar la conservación de ecosistemas sensibles con la continuidad operativa. La industria no se opone a la protección ambiental per se, sino a la falta de precisión en la identificación de los objetos de conservación. La demanda sectorial apunta a que el Ministerio de Medio Ambiente realice una caracterización más rigurosa que evite la inclusión de áreas donde los valores ambientales declarados no están presentes de manera efectiva.
El traslape de operaciones de Albemarle y las concesiones del Grupo Errázuriz
Albemarle, uno de los mayores productores de litio a nivel mundial, también ha desplegado una ofensiva técnica contra la propuesta gubernamental. En un extenso documento de 53 páginas, la compañía detalló cómo el área protegida propuesta comprende terrenos que están vinculados directamente con su operación actual en el Salar de Atacama. El traslape identificado no es solo geográfico, sino operativo, ya que afectaría zonas donde la empresa realiza actividades críticas para el cumplimiento de sus propias obligaciones ambientales y sectoriales.
Entre las actividades que Albemarle desarrolla en estas zonas y que se verían comprometidas se encuentran la habilitación de obras de infraestructura, el tránsito vehicular para el transporte de personal y equipamiento, y trabajos esenciales de monitoreo de variables ambientales al interior de las lagunas. La empresa argumenta que estas labores son indispensables para mantener sus estándares de sostenibilidad y que cualquier restricción de acceso podría paradójicamente dificultar el cumplimiento de sus compromisos de cuidado del entorno.
Un aspecto adicional de gran relevancia legal mencionado por Albemarle es la situación del Sector de Tilopozo. Este sector, incorporado en la propuesta de área protegida, es objeto de medidas vinculadas a un proceso judicial previo entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las empresas Escondida (BHP) y Zaldívar (Antofagasta Minerals). El conflicto se originó por un supuesto descenso del nivel freático superior a los 25 centímetros en el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, lo que habría afectado los sistemas vegetacionales de la zona. Debido a este historial de litigación y las medidas ya vigentes, Albemarle solicita que se modifique el polígono para excluir su área de interés y evitar conflictos de competencia regulatoria.
La situación actual en el Salar de Atacama refleja el complejo escenario que enfrenta Chile para armonizar sus metas de transición energética global con la protección de su patrimonio natural. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente defiende su propuesta como parte de los instrumentos de gestión vigentes, la industria del litio insiste en que la creación de áreas protegidas debe ser un proceso basado en la certeza técnica y jurídica para no poner en riesgo proyectos estratégicos. El debate sigue abierto, y la resolución de estas observaciones será determinante para el futuro de la minería de litio y la conservación en el norte del país.
Edición Lithium Triangle South America -News
The proposal put forward by the Chilean Ministry of the Environment to declare more than 76,000 hectares of the Salar de Atacama as protected areas has generated an immediate and critical reaction from the main players in the Chilean mining industry.
Codelco and Albemarle, together with trade associations such as Sonami and companies linked to the Errázuriz Group, have submitted formal observations questioning the viability and technical basis of this government initiative. This public consultation process, which is part of the Protected Salt Flats Network for the Antofagasta Region, has raised suspicions due to its potential impact on mining production and the lack of clarity in the scientific criteria used to delimit the protected areas.
The government initiative covers a total area of more than 76,000 hectares, of which approximately 34,000 are located within the Soncor Hydrological System Ramsar site, a wetland of international importance due to its ecological value. However, the industry warns that this measure could generate significant regulatory restrictions without sufficient technical justification, affecting not only the extraction of strategic resources, but also activities such as tourism and the development of infrastructure necessary for the environmental sustainability of the operations themselves.
Codelco, the state-owned mining company that recently consolidated its position in the lithium market through a strategic agreement with SQM and the creation of Novandino Litio, has been one of the strongest voices against the proposed delimitation. In its observations, the state-owned company pointed out that the Ministry has not explained the ecological, biogeographical, or functional criteria that justify prioritizing certain sectors over others within the salt flat system. This lack of transparency in the scientific methodology is one of the main concerns, as the definition of these multiple-use conservation areas could have heterogeneous impacts on key productive sectors for the national economy.
Technical and procedural arguments of the mining industry against the Protected Salt Flats Network
One of the pillars of the sector’s criticism focuses on the way in which the administrative process was carried out. The National Mining Society (Sonami) has complained that the public consultation began with limited and insufficient deadlines, which are disproportionate given the technical and regulatory complexity of the proposed instrument. The association emphasized that conducting this process during the summer period and close to the end-of-year holidays seriously hampered informed and effective participation by stakeholders.
For their part, companies linked to the Errázuriz Group, specifically Sociedad Contractual Minera Copiapó (SCM Copiapó) and Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine, have reported a direct overlap between the areas to be protected and their current mining concessions. Given this situation, the companies have formally requested that the current public consultation process be suspended and that a new process be initiated that complies with minimum standards for access to environmental information and public participation in decision-making. This demand highlights the tension between state planning and established mining property rights in the territory.
Concern about unjustified overregulation is a recurring theme in the presentations by mining stakeholders. The industry argues that if the area to be protected is not defined in a manner consistent with the actual presence of the objects of protection, there is a risk of introducing administrative obstacles that have no direct environmental benefit. Codelco, in particular, has suggested that the polygon be redesigned based on detailed environmental studies carried out in the territory, which would allow for the accurate identification and characterization of the flora and fauna that truly require protection.
The controversy over the protection of the chinchilla and ecological criteria
A particularly controversial point in the comments submitted is the inclusion of the chinchilla as a protected species within the Soncor Hydrological System. Both Codelco and Sonami have strongly questioned this aspect, arguing that there is no historical or current evidence to support the presence or use of habitat by this species in the specific area proposed. According to the state-owned company, based on the available data for the Salar de Atacama, there have been no recorded sightings of the species in the Soncor system, which invalidates its use as a basis for restricting activities.
From Sonami’s perspective, including the chinchilla as a protected species throughout the entire area is a measure that lacks ecological proportionality. The association warns that this decision introduces a risk to legal and regulatory certainty, as it could lead to severe restrictions on mining activity based on insufficient technical evidence. The industry’s demand is clear: any protective measure must be backed by solid scientific evidence to prevent it from becoming a tool for arbitrary obstruction.
This debate on wildlife is part of a broader discussion on how to balance the conservation of sensitive ecosystems with operational continuity. The industry is not opposed to environmental protection per se, but rather to the lack of precision in identifying conservation targets. The sector is calling on the Ministry of the Environment to carry out a more rigorous characterization that avoids the inclusion of areas where the declared environmental values are not effectively present.
The overlap between Albemarle’s operations and the Errázuriz Group’s concessions
Albemarle, one of the world’s largest lithium producers, has also launched a technical offensive against the government’s proposal. In an extensive 53-page document, the company detailed how the proposed protected area includes land that is directly linked to its current operation in the Salar de Atacama. The overlap identified is not only geographical but also operational, as it would affect areas where the company carries out activities that are critical to the fulfillment of its own environmental and sectoral obligations.
Among the activities that Albemarle carries out in these areas and that would be compromised are the development of infrastructure works, vehicular traffic for the transport of personnel and equipment, and essential work to monitor environmental variables within the lagoons. The company argues that these tasks are essential to maintaining its sustainability standards and that any restriction on access could paradoxically hinder its ability to fulfill its environmental commitments.
An additional aspect of great legal relevance mentioned by Albemarle is the situation in the Tilopozo Sector. This sector, included in the proposed protected area, is subject to measures related to a previous legal proceeding between the State Defense Council (CDE) and the companies Escondida (BHP) and Zaldívar (Antofagasta Minerals). The conflict originated from an alleged drop in the water table of more than 25 centimeters in the Monturaqui-Negrillar-Tilopozo aquifer, which would have affected the vegetation systems in the area. Due to this history of litigation and the measures already in place, Albemarle is requesting that the polygon be modified to exclude its area of interest and avoid conflicts of regulatory jurisdiction.
The current situation in the Salar de Atacama reflects the complex scenario facing Chile in harmonizing its global energy transition goals with the protection of its natural heritage. While the Ministry of the Environment defends its proposal as part of the current management instruments, the lithium industry insists that the creation of protected areas must be a process based on technical and legal certainty so as not to jeopardize strategic projects. The debate remains open, and the resolution of these observations will be decisive for the future of lithium mining and conservation in the north of the country.
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