El Ministerio de Minería de Chile publicó en enero de 2026 la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, un instrumento de política pública diseñado para guiar la acción del Estado en torno al desarrollo de estos recursos. El documento establece una hoja de ruta para integrar la riqueza geológica del país en las cadenas globales de suministro, vinculadas a la transición energética y la transformación digital

La elaboración del documento fue liderada por el equipo técnico del Ministerio de Minería, con el apoyo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Participaron además los ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Obras Públicas. El financiamiento provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS).

La lista de minerales considerados críticos para Chile es la siguiente:

Cobre (Cu), Litio (Li), Molibdeno (Mo), Renio (Re), Cobalto (Co), Elementos de Tierras Raras (ETR), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Telurio (Te), Oro (Au), Plata (Ag), Hierro (Fe), Boro (B) y Yodo (I).

El proceso de creación de la EMC se extendió desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025 y constó de dos etapas principales:

1. Estudios técnicos y participación: Se realizaron análisis de oferta, demanda y potencial geológico por parte de Cochilco, Sernageomin y el BID. Simultáneamente, operó un Comité Consultivo de Alto Nivel y Comités Técnicos con más de 60 organizaciones.
2. Consulta ciudadana: Entre septiembre y octubre de 2025, se habilitó un proceso de consulta virtual y talleres regionales presenciales en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso para recoger observaciones territoriales.

Al respecto, la Dra. Pía Moscoso Restovic Abogada. Magister en Derecho de Minas. Doctora en Derecho Internacional. Árbitro de la Cámara Minera de Chile y Directora del Programa de Recursos Naturales de la Universidad de Atacama, elaboró el siguiente análisis comentado, abordando diferentes aspectos sobre este instrumento, desde el punto de vista de sus perspectivas y áreas de especialización.

A continuación, compartimos su informe :

«REVISIÓN CRÍTICA A LA ESTRATEGIA CHILENA DE MINERALES CRÍTICOS

*Por Pia Moscoso Restovic[1]Abogada. Magister en Derecho de Minas. Doctora en Derecho Internacional. Árbitro de la Cámara Minera de Chile, Directora del Programa de Recursos Naturales de la Universidad de Atacama. Contacto: pia.moscoso@uda.cl. RRSS @lawbypiamoscoso

La Estrategia Nacional de Minerales Críticos de Chile (en adelante, Estrategia o “EMC”), presentada el 28 de enero de 2026 durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, aborda desafíos sustantivos para la adopción de decisiones estratégicas vinculadas al potencial geológico del país, la experiencia histórica de la industria minera chilena, el fortalecimiento de la institucionalidad minero-ambiental y las oportunidades de innovación tecnológica con incidencia en el comercio internacional.

Para su elaboración se convocó a un Comité Consultivo de Alto Nivel, integrado por representantes de los Ministerios de Minería y de Relaciones Exteriores, ex subsecretarios, presidentes de colegios profesionales, servicios públicos competentes y representantes de la academia. Asimismo, participó un Comité Técnico multisectorial, estructurado en torno a los ejes que ordenan la Estrategia. El proceso concluyó con una consulta ciudadana con enfoque territorial en regiones de vocación minera.

I. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MINERALES CRÍTICOS.

1. Concepto funcional de mineral crítico.

Una de las principales fortalezas de la EMC radica en la adopción de una definición propia de “mineral crítico”, caracterizada por su flexibilidad y amplitud, alineada con los criterios utilizados en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá y Australia.

Conforme a la EMC, un mineral adquiere la condición de crítico cuando concurren las siguientes variables:

a) participación actual o potencial en el suministro global;

b) reconocimiento como mineral crítico en economías relevantes; y

c) existencia de oportunidades estratégicas nacionales, con independencia de su inclusión en listados extranjeros.

Este enfoque permite la actualización técnico-administrativa del listado de minerales críticos sin requerir reformas a la Estrategia ni modificaciones legales. Desde una perspectiva jurídica, la definición adoptada no altera el régimen constitucional minero vigente ni incide en el estatuto legal o reglamentario aplicable a las concesiones. La inclusión de minerales como el oro, la plata y el hierro —entre otros— evidencia que la EMC no se circunscribe exclusivamente a minerales asociados a la transición energética o a la electromovilidad, sino que adopta una categoría expansiva que transforma la “criticidad” en un criterio de relevancia económica y estratégica para el desarrollo nacional.

2. Coherencia con el régimen constitucional y legal minero vigente.

La EMC declara expresamente que no modifica el régimen de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas, ni el sistema concesional y contractual que estructura el ordenamiento minero chileno.

En consecuencia, atendida la reconocida fortaleza comparada de la institucionalidad minera chilena, la EMC no debe interpretarse como un instrumento que introduzca incertidumbre en materia de propiedad minera, en el régimen de amparo o en el reconocimiento de derechos mineros.

Asimismo, la Estrategia reconoce instrumentos jurídicos de alta relevancia sectorial, tales como los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), las reformas recientes al Código de Minería y los lineamientos de la Política Nacional Minera 2050, junto con sus instrumentos de gestión derivados. Esta articulación refuerza la coherencia sistémica entre política pública y marco normativo vigente.

3. Enfoque integral en la cadena de valor.

La EMC promueve acciones orientadas al fortalecimiento de la cadena de valor minera, abarcando la producción, la innovación y la inserción estratégica en los mercados internacionales. Se contempla la promoción de encadenamientos productivos, programas de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de la diplomacia minera.

Este enfoque busca superar la dependencia exclusiva de la renta extractiva, diversificando la política minera hacia dimensiones industriales, científicas, tecnológicas y comerciales, en coherencia con una estrategia de desarrollo de largo plazo.

4. Incorporación explícita de estándares ESG y gobernanza.

La Estrategia incorpora de manera expresa estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza (ESG), promoviendo acuerdos de producción limpia y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Destaca articulaciones con el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, reconoce la incidencia del royalty minero y la relevancia de enfoques participativos orientados a la legitimidad social.

Con ello, la EMC anticipa exigencias crecientes en mercados internacionales competitivos, fortaleciendo la posición de Chile como proveedor confiable y sostenible.

II. DESVENTAJAS Y DEBILIDADES.

1. Naturaleza no vinculante.

Desde el punto de vista jurídico, la principal debilidad de la EMC radica en su carácter no vinculante: no constituye ley ni posee fuerza normativa obligatoria.

Ello implica la ausencia de obligaciones exigibles, plazos perentorios, metas cuantificables o indicadores jurídicamente vinculantes relativos a su implementación. En consecuencia, la EMC se configura como un instrumento programático de política pública, cuya eficacia dependerá de la coordinación interministerial y de la eficiencia política para traducir sus lineamientos en normas e instrumentos concretos.

2. Ausencia de instrumentos regulatorios específicos

La EMC no desarrolla instrumentos regulatorios concretos para su implementación, tales como incentivos tributarios específicos, mecanismos de tramitación acelerada (fast-track), reformas al sistema de permisos sectoriales, instrumentos financieros especializados o estándares técnicos diferenciados. La definición de tales instrumentos exige un debate técnico y político específico, atendida la complejidad de la industria minera y la necesidad de su adopción mediante leyes, reglamentos o la aplicación de tratados internacionales, con intervención de distintos poderes del Estado.

En este sentido, la EMC recoge consensos estratégicos que deberán escalar hacia un marco normativo específico para alcanzar eficacia práctica.

3. Gobernanza interna de la Estrategia.

La EMC no establece un modelo formal de gobernanza propio. Carece de un órgano coordinador permanente, de un comité interministerial institucionalizado, de mecanismos de resolución de controversias o de un sistema estructurado de seguimiento y evaluación.

Esta ausencia puede generar riesgos de fragmentación en su ejecución, haciendo depender su continuidad del grado de coordinación entre Ministerios, Servicios Públicos y actores privados.

4. Tensiones estructurales no abordadas.

Si bien la EMC se inserta en un país con sólida tradición minera e institucionalidad estable, no desarrolla acciones específicas respecto de materias de alta sensibilidad, como son el uso de recursos hídricos en minería o la gestión de relaves.

Considerando que corresponde al Estado la promoción y resguardo de derechos fundamentales, el aseguramiento de estándares de desarrollo humano, la protección de recursos estratégicos y la calidad de vida en zonas mineras, la Estrategia opta por ceñirse a la institucionalidad sectorial vigente, sin proponer innovaciones regulatorias sustantivas en estos ámbitos.

No obstante, reconoce implícitamente la necesidad de altos estándares socioambientales y de responsabilidad en la expansión productiva y atracción de inversiones, particularmente en regímenes especiales como el litio, que combina fórmulas contractuales, iniciativa privada y gobernanza público-privada bajo el marco ambiental general.

5. Necesidad de coordinación con otras estrategias.

La EMC no opera de manera aislada, sino en coordinación con instrumentos como la Estrategia Nacional del Litio, la Política Nacional Minera 2050, el Plan Sectorial de Cambio Climático y las estrategias regionales de desarrollo, así como con políticas de fomento productivo e innovación tecnológica.

La eficacia sistémica de la EMC dependerá, en consecuencia, de su adecuada articulación intersectorial y territorial.

III. VALORACIÓN JURÍDICO-ESTRATÉGICA FINAL.

La EMC constituye una síntesis de consensos entre actores públicos y privados relevantes del sector minero chileno, con intereses y responsabilidades diversas.

Su alineación internacional, la prudencia constitucional en materia de régimen de dominio y concesiones y su enfoque sistémico le otorgan flexibilidad y legitimidad política.

No obstante, su eficacia jurídica y técnica dependerá de la capacidad del Estado para traducir sus lineamientos estratégicos en instrumentos normativos, presupuestarios y de gestión concretos, con metas medibles y mecanismos de evaluación, especialmente diseñados desde las regiones mineras del país.

En definitiva, la EMC representa una hoja de ruta estratégica con sólida coherencia institucional, cuya consolidación requerirá desarrollo normativo, coordinación interorgánica y fortalecimiento de la gobernanza pública sectorial.»

Lithium Triangle South America -News

In January 2026, Chile’s Ministry of Mining published the National Critical Minerals Strategy, a public policy instrument designed to guide government action on the development of these resources. The document sets out a roadmap for integrating the country’s geological wealth into global supply chains linked to the energy transition and digital transformation.

The document was drafted by the Ministry of Mining’s technical team, with support from the Chilean Copper Commission (Cochilco) and the National Geology and Mining Service (Sernageomin). The Ministries of Finance, Economy, Foreign Affairs, Environment, Energy, Science, and Public Works also participated. Funding came from the Inter-American Development Bank (IDB) and the Sustainable Productive Development (DPS) program.

The list of minerals considered critical for Chile is as follows:

Copper (Cu), Lithium (Li), Molybdenum (Mo), Rhenium (Re), Cobalt (Co), Rare Earth Elements (REE), Antimony (Sb), Selenium (Se), Tellurium (Te), Gold (Au), Silver (Ag), Iron (Fe), Boron (B), and Iodine (I).

The process of creating the EMC lasted from July 2024 to December 2025 and consisted of two main stages:

1.Technical studies and participation: Cochilco, Sernageomin, and the IDB conducted analyses of supply, demand, and geological potential. At the same time, a High-Level Advisory Committee and Technical Committees with more than 60 organizations were in operation.

2. Public consultation: Between September and October 2025, a virtual consultation process and regional workshops were held in Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, and Valparaíso to gather territorial observations.

In this regard, Dr. Pía Moscoso Restovic, lawyer, Master in Mining Law, Doctor in International Law and Arbitrator of the Chilean Mining Chamber, and Director of the Natural Resources Program at the University of Atacama, prepared the following annotated analysis, addressing different aspects of this instrument from the perspective of her areas of expertise.

Below, we share her report:

«CRITICAL REVIEW OF CHILE’S CRITICAL MINERALS STRATEGY

By Pia Moscoso Restovic[1] Lawyer. Master’s degree in Mining Law. Doctorate in International Law. Arbitrator for the Chilean Mining Chamber, Director of the Natural Resources Program at the University of Atacama. Contact: pia.moscoso@uda.cl. Social media @lawbypiamoscoso

Chile’s National Critical Minerals Strategy (hereinafter, Strategy or “EMC”), presented on January 28, 2026, during the administration of President Gabriel Boric, addresses substantive challenges for strategic decision-making related to the country’s geological potential, the historical experience of the Chilean mining industry, the strengthening of mining and environmental institutions, and opportunities for technological innovation with an impact on international trade.

A High-Level Advisory Committee was convened to develop the strategy, comprising representatives from the Ministries of Mining and Foreign Affairs, former undersecretaries, presidents of professional associations, relevant public services, and representatives from academia. A multisectoral Technical Committee also participated, structured around the pillars that guide the Strategy. The process concluded with a citizen consultation with a territorial focus in mining regions.

I. ADVANTAGES OF THE NATIONAL CRITICAL MINERALS STRATEGY.

1. Functional concept of critical minerals.

One of the main strengths of the EMC lies in the adoption of its own definition of “critical mineral,” characterized by its flexibility and breadth, aligned with the criteria used in jurisdictions such as the United States, Canada, and Australia.

According to the EMC, a mineral acquires critical status when the following variables converge:

a) current or potential participation in global supply;

b) recognition as a critical mineral in relevant economies; and

c) existence of strategic national opportunities, regardless of its inclusion in foreign lists.

This approach allows for the technical and administrative updating of the list of critical minerals without requiring reforms to the Strategy or legal modifications. From a legal perspective, the definition adopted does not alter the current constitutional mining regime or affect the legal or regulatory status applicable to concessions. The inclusion of minerals such as gold, silver, and iron—among others—shows that the EMC is not limited exclusively to minerals associated with the energy transition or electromobility, but rather adopts an expansive category that transforms “criticality” into a criterion of economic and strategic relevance for national development.

2. Consistency with the current constitutional and legal mining regime.

The EMC expressly states that it does not modify the regime of absolute, exclusive, inalienable, and imprescriptible ownership of the State over mines, nor the concessionary and contractual system that structures the Chilean mining system.

Consequently, given the recognized comparative strength of Chilean mining institutions, the EMC should not be interpreted as an instrument that introduces uncertainty in matters of mining property, the protection regime, or the recognition of mining rights.

The Strategy also recognizes legal instruments of high sectoral relevance, such as Special Lithium Operation Contracts (CEOL), recent reforms to the Mining Code, and the guidelines of the National Mining Policy 2050, together with their derivative management instruments. This coordination reinforces systemic coherence between public policy and the current regulatory framework.

3. Comprehensive approach to the value chain.

The EMC promotes actions aimed at strengthening the mining value chain, covering production, innovation, and strategic insertion into international markets. It contemplates the promotion of productive chains, scientific research and technological development programs, as well as the strengthening of mining diplomacy.

This approach seeks to overcome exclusive dependence on extractive income by diversifying mining policy toward industrial, scientific, technological, and commercial dimensions, in line with a long-term development strategy.

4. Explicit incorporation of ESG standards and governance.

The Strategy expressly incorporates international sustainability and governance standards (ESG), promoting clean production agreements and compliance with international commitments made by the State of Chile. It highlights links with the Paris Agreement, ILO Convention 169, and the Escazú Agreement. It also recognizes the impact of mining royalties and the importance of participatory approaches aimed at social legitimacy.

In doing so, the EMC anticipates growing demands in competitive international markets, strengthening Chile’s position as a reliable and sustainable supplier.

II. DISADVANTAGES AND WEAKNESSES.

1. Non-binding nature.

From a legal standpoint, the main weakness of the EMC lies in its non-binding nature: it is not law and has no binding regulatory force.

This implies the absence of enforceable obligations, peremptory deadlines, quantifiable goals, or legally binding indicators regarding its implementation. Consequently, the EMC is configured as a programmatic public policy instrument, whose effectiveness will depend on interministerial coordination and political efficiency in translating its guidelines into concrete rules and instruments.

2. Absence of specific regulatory instruments.

The EMC does not develop specific regulatory instruments for its implementation, such as specific tax incentives, fast-track mechanisms, reforms to the sectoral permitting system, specialized financial instruments, or differentiated technical standards. The definition of such instruments requires specific technical and political debate, given the complexity of the mining industry and the need for their adoption through laws, regulations, or the application of international treaties, with the involvement of different branches of government.

In this sense, the EMC brings together strategic consensus that must be scaled up to a specific regulatory framework in order to achieve practical effectiveness.

3. Internal governance of the Strategy.

The EMC does not establish a formal governance model of its own. It lacks a permanent coordinating body, an institutionalized interministerial committee, dispute resolution mechanisms, or a structured monitoring and evaluation system.

This absence may generate risks of fragmentation in its implementation, making its continuity dependent on the degree of coordination between ministries, public services, and private actors.

4. Unaddressed structural tensions.

Although the EMC is part of a country with a strong mining tradition and stable institutions, it does not take specific action on highly sensitive issues such as the use of water resources in mining or tailings management.

Considering that it is the responsibility of the State to promote and safeguard fundamental rights, ensure human development standards, protect strategic resources, and guarantee quality of life in mining areas, the Strategy chooses to adhere to the current sectoral institutional framework, without proposing substantive regulatory innovations in these areas.

However, it implicitly recognizes the need for high socio-environmental and accountability standards in productive expansion and investment attraction, particularly in special regimes such as lithium, which combines contractual formulas, private initiative, and public-private governance under the general environmental framework.

5. Need for coordination with other strategies.

The EMC does not operate in isolation, but in coordination with instruments such as the National Lithium Strategy, the National Mining Policy 2050, the Sectoral Climate Change Plan, and regional development strategies, as well as policies to promote production and technological innovation.

The systemic effectiveness of the EMC will therefore depend on its adequate intersectoral and territorial coordination.

III. FINAL LEGAL-STRATEGIC ASSESSMENT.

The EMC represents a synthesis of consensus among relevant public and private actors in the Chilean mining sector, with diverse interests and responsibilities.

Its international alignment, constitutional prudence in matters of ownership and concessions, and systemic approach give it flexibility and political legitimacy.

However, its legal and technical effectiveness will depend on the State’s ability to translate its strategic guidelines into concrete regulatory, budgetary, and management instruments, with measurable goals and evaluation mechanisms, specially designed from the country’s mining regions.

In short, the EMC represents a strategic roadmap with solid institutional coherence, whose consolidation will require regulatory development, inter-agency coordination, and strengthening of sectoral public governance.»

Courtesy translation into English by Lithium Triangle South America -News

Click here to visit the PDF of Chile’s “National Critical Minerals Strategy” document.

(*Por Mateo Bartolini) Economista de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad del CEMA.
Maestrando en Desarrollando Económico en la Universidad Autónoma de Madrid.

(*By Mateo Bartolini) Economist from Universidad de Buenos Aires and Master in International Studies from Universidad del CEMA.
Master in Economic Development at Universidad Autónoma de Madrid.

«Claves para ponerse las pilas de litio»

«La producción mundial de litio, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, creció de apenas dieciocho mil toneladas en el año 2009 a ciento ochenta mil en el año 2023; se multiplicó por diez.

El contexto indica que estamos recién empezando el ciclo; los compromisos mundiales establecidos en el Acuerdo de París (2016) por el cambio climático modifican el comportamiento de la demanda: mientras que en 2009 el 23% de la demanda global de litio era para la producción de baterías y el 77% para vidrios, lubricantes y medicación psiquiátrica, hoy el 80% se destina a producir baterías que tienen como destino final portátiles y automóviles eléctricos, siendo estos últimos el gran tractor, debido a la necesidad de pasar del transporte por combustión fósil al eléctrico para reducir 1 de cada 3 emisiones de carbono, según la Agencia Internacional de Energía.

Una batería de celular puede requerir 3 gramos de carbonato de litio, mientras que una de automóvil entre 8.000 y 20.000 gramos.

Argentina es un actor en este escenario, y no un actor de reparto. Es el segundo exportador mundial de carbonato de litio, después de Chile. Exporta principalmente a Asia, a China, Corea, Japón, y apenas un 11% (al menos por ahora) a Occidente, específicamente a Alemania y Estados Unidos. Pero además es una promesa mundial. ¿Por qué? Porque si bien hoy, del otro lado de la cordillera, Chile concentra el 64% de las exportaciones, nosotros tenemos el doble de reservas. Aclaración importante: las reservas son las disposiciones geológicas, y los recursos son las reservas con viabilidad económica de extracción, por eso el auge de inversión en nuestros salares.

Mientras Chile tiene una tasa de exploración (Recursos/Reservas) del 85%, Argentina apenas llega al 16%. Es decir, lo mejor está por venir, o al menos eso se espera. Para lograrlo, queremos que el lector se quede con tres ideas clave de este artículo sobre políticas públicas que Argentina tiene pendiente para fortalecer la minería del litio y obtener más beneficios y sostenibilidad en esta industria.

Por un lado, está el potencial de aumentar la participación de Occidente, principalmente vía Estados Unidos, en las exportaciones de litio. La transición energética global es un nuevo escenario para disputar liderazgo y poder blando para las potencias. La Casa Blanca y el Capitolio se pusieron de acuerdo en la Inflation Reduction Act (IRA) y la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), dos leyes que estructuran el desarrollo y la seguridad económica en torno a la electromovilidad y la transición energética. Contemplan en total una inversión en movilidad eléctrica doméstica de veintisiete mil millones de dólares. Para dimensionar: el 8 de octubre de este año, el Banco Central de Argentina
informó que las reservas internacionales brutas eran de veintiocho mil millones.

Además, no todo es dinero. El 21 de febrero de 2021 se firmó en el Despacho Oval la Orden N° 14.017 para delinear la seguridad y resiliencia del suministro de las cadenas de valor estratégicas.

Entre ellas se incluyó la de las baterías, por ser fundamentales para el desarrollo de la electromovilidad, y se determinó la necesidad de garantizar, por parte de países aliados, el suministro de litio. Estados Unidos no permite que sus inversiones se abastezcan con litio que no provenga de su esquema de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. La conformación de la Alianza Mundial para la Seguridad Mineral es un caso ejemplar. Estados Unidos dejó en claro, en diversos documentos de gobierno, que quiere asegurarse el suministro y las importaciones de litio sin la amenaza de un bloqueo por parte de China, como le ocurrió a Japón en 2010.

Para desacoplarse del gigante asiático, necesita cadenas de valor aliadas, en un «Classic Friendshoring», y Argentina tiene una carta importante que jugar: actualmente, apenas el 9% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Pero jugarla implica reunir el consenso para firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita que nuestras exportaciones sientan el impacto de la geopolítica y la economía: abastecer con nuestro litio a la primera economía del mundo en su transición hacia la electromovilidad. La geografía ya hizo su parte con los salares; ahora falta que la política haga la suya y reúna las condiciones para que Argentina firme un acuerdo con Estados Unidos que nos permita exportar litio en cantidades inmensamente superiores a las actuales.

Por otro lado, si vamos a potenciar la producción de litio, es clave no ser un enclave. Podría parecer un juego de palabras, pero no lo es. La Comisión Económica para América Latina advirtió en diversas oportunidades sobre los perjuicios que genera la minería en la región cuando se desarrolla como enclaves extractivos sin eslabonamientos ni inserción comercial en el entorno económico. La minería del litio en Argentina no está exenta de ese riesgo, más aún considerando las disposiciones geográficas: los salares están, en promedio, a diez horas de las capitales de sus respectivas provincias (Salta, Catamarca y Jujuy) y con escasa infraestructura de conectividad. Además, cada jurisdicción tiene sus reglas, de acuerdo con las leyes provinciales, lo que dificulta una estrategia común y una integración inter e intrasectorial.

Mirar a Europa, esta vez, puede ayudar. El ejemplo de la clusterización de su actividad económica y minera, impulsada por la necesidad de tener un correlato a la integración política, nos puede dar una idea de cómo avanzar en la conformación de un clúster minero del litio. Mirar casos como el Iberian Sustainable Mining Cluster en España o las estadísticas de la European Cluster Collaboration Platform ayuda a entender la oportunidad de avanzar en la coordinación y la innovación a escala sectorial, para generar insumos competitivos y valor en un sector tan globalizado como la minería.

Argentina tiene actualmente 48 proyectos en diversas etapas, en 3 provincias gobernadas por partidos políticos distintos, 5 oficinas nacionales dedicadas a la minería, una Mesa Nacional del Litio, 4 cámaras empresariales directamente vinculadas, sindicatos, actores locales (municipios y comunidades) y organismos provinciales. Es prácticamente un deber mirar al sector con una
concepción de clúster, donde se entienda que la disposición continua y vecina de los salares en una misma región no es suficiente para la conformación de un entorno económico; para eso hace falta catalizar la cooperación e información simétrica entre los actores, para invertir en innovación (y adaptación) en la industria de bienes y servicios locales.

Por último, estamos iniciando un ciclo expansivo de la producción minera de litio en Argentina, en una zona con bajo desarrollo económico, con provincias con problemas fiscales y déficits en servicios públicos básicos e infraestructura. Es la oportunidad de no esperar a que sea demasiado tarde. Las empresas que tienen recursos y financiamiento para extraer llegan, pero también se van. Por eso la normativa internacional contempla lo que se llama «leyes de cierre«, que regulan desde el principio la finalización de los proyectos mineros y la transición socioeconómica de las comunidades locales.

Parece lejano, pero es el momento. Argentina, a pesar de contar con 16 leyes sancionadas dedicadas a la minería y 45 reformas al Código de Minería, no tiene una Ley de Cierre. Es la oportunidad de empezar este ciclo de la minería del litio sancionando una regulación para que, cuando los salares dejen de ser explotados, el saldo neto sea positivo. Desde Asia hasta América, organizaciones internacionales como la Cooperación Económica Asia-Pacífico y las Naciones Unidas delimitan estándares para abordar, de manera conjunta entre gobiernos y empresas, las economías de transición que se generan cuando cierra un proyecto.

Es necesario anticiparse para sostener el desarrollo local, contemplando la infraestructura residual, el potencial de actividades alternativas, la pérdida de ingresos fiscales, la reempleabilidad y la migración laboral. Nuestro Congreso aún se debe esta discusión. Es la hora.

En resumen: acuerdo comercial con Estados Unidos para vender más, clúster minero para innovar localmente y Ley de Cierre para cuidar a las comunidades, podrían ser tres consignas o una forma de resumir este artículo en un tweet».

▶️ «Keys to putting on lithium batteries»

«Global lithium production, according to the U.S. Geological Survey, grew from just eighteen thousand tons in 2009 to one hundred and eighty thousand tons in 2023; a tenfold increase.

The context indicates that we are just starting the cycle; the global commitments established in the Paris Agreement (2016) for climate change modify the behavior of demand: while in 2009 23% of the global demand for lithium was for the production of batteries and 77% for glass, lubricants and psychiatric medication, today 80% is destined to produce batteries that have as final destination laptops and electric cars, the latter being the big driver,
due to the need to switch from fossil fuel to electric transport in order to reduce 1 out of every 3 carbon emissions, according to the International Energy Agency.

A cell phone battery may require 3 grams of lithium carbonate, while a car battery may require between 8,000 and 20,000 grams.

Argentina is a player in this scenario, and not a supporting actor. It is the world’s second largest exporter of lithium carbonate, after Chile. It exports mainly to Asia, to China, Korea, Japan, and just 11% (at least for now) to the West, specifically to Germany and the United States. But it is also a world promise. Why? Because although today, on the other side of the mountain range, Chile concentrates 64% of exports, we have twice as many reserves. Important clarification: reserves are the geological dispositions, and resources are the reserves with economic viability of extraction, that is why there is an investment boom in our salt flats.

While Chile has an exploration rate (Resources/Reserves) of 85%, Argentina barely reaches 16%. In other words, the best is yet to come, or at least that is what is expected. To achieve this, we want the reader to take away three key ideas from this article on public policies that Argentina has yet to implement to strengthen lithium mining and obtain more benefits and sustainability in this industry.

On the one hand, there is the potential to increase the participation of the West, mainly via the United States, in lithium exports. The global energy transition is a new scenario for disputing leadership and soft power for the world’s powers. The White House and the Capitol agreed on the Inflation Reduction Act (IRA) and the Bipartisan Infrastructure Law (BIL), two laws that structure development and economic security around electromobility and the energy transition. They foresee a total investment in domestic electric mobility of twenty-seven billion dollars. For size: on October 8 of this year, the Central Bank of Argentina reported that gross international reserves were twenty-eight billion.

Furthermore, not everything is money. On February 21, 2021, Order No. 14,017 was signed in the Oval Office to outline the security and resilience of supply of strategic value chains.

Among them, batteries were included, as they are fundamental for the development of electromobility, and the need for allied countries to guarantee the supply of lithium was identified. The United States does not allow its investments to be supplied with lithium that does not come from its scheme of trade agreements and strategic alliances. The formation of the Global Alliance for Mineral Security is an exemplary case. The United States has made it clear in various government documents that it wants to secure its lithium supply and imports without the threat of a blockade by China. as happened to Japan in 2010.

To decouple from the Asian giant, it needs allied value chains, in a “Classic Friendshoring”, and Argentina has an important card to play: currently, only 9% of our exports go to the United States. But playing it implies gathering consensus to sign a trade agreement with the United States that will allow our exports to feel the impact of geopolitics and economics: supplying the world’s leading economy with our lithium in its transition to electromobility. Geography has already done its part with the salt flats; now we need politics to do its part and create the conditions for Argentina to sign an agreement with the United States that will allow us to export lithium in quantities immensely superior to the current ones.

On the other hand, if we are going to boost lithium production, it is key not to be an enclave. It might seem like a play on words, but it is not. The Economic Commission for Latin America has warned on several occasions about the damage caused by mining in the region when it is developed as extractive enclaves without links or commercial insertion in the economic environment. Lithium mining in Argentina is not exempt from this risk, even more so considering the geographic dispositions: the salt flats are, on average, ten hours away from the capitals of their respective provinces (Salta, Catamarca and Jujuy) and with scarce connectivity infrastructure. In addition, each jurisdiction has its own rules, according to provincial laws, which makes a common strategy and inter- and intra-sectoral integration difficult.

Looking to Europe, this time, can help. The example of the clustering of its economic and mining activity, driven by the need to have a correlate to political integration, can give us an idea of how to move forward in the formation of a lithium mining cluster. Looking at cases such as the Iberian Sustainable Mining Cluster in Spain or the statistics of the European Cluster Collaboration Platform helps to understand the opportunity to advance in coordination and innovation on a sectoral scale, to generate competitive inputs and value in a sector as globalized as mining.

Argentina currently has 48 projects in various stages, in 3 provinces governed by different political parties, 5 national offices dedicated to mining, a National Lithium Roundtable, 4 directly related business chambers, trade unions, local actors (municipalities and communities) and provincial agencies. It is practically a duty to look at the sector with a cluster conception, where it is understood that the continuous and neighboring disposition of the salt flats in the same region is not enough for the conformation of an economic environment; for that it is necessary to catalyzing cooperation and symmetrical information among the actors, in order to invest in innovation (and adaptation) in the local goods and services industry.

Finally, we are initiating an expansive cycle of lithium mining production in Argentina, in an area with low economic development, with provinces with fiscal problems and deficits in basic public services and infrastructure. This is the opportunity not to wait until it is too late. Companies that have the resources and financing to extract come, but they also leave. That is why international regulations contemplate what are called “closure laws”, which regulate from the beginning the termination of mining projects and the socioeconomic transition of local communities.

It seems far away, but it is time. Argentina, despite having 16 enacted laws dedicated to mining and 45 reforms to the Mining Code, does not have a Closure Law. This is the opportunity to start this lithium mining cycle by passing a regulation so that, when the salt flats stop being exploited, the net balance will be positive. From Asia to the Americas, international organizations such as the Asia-Pacific Economic Cooperation and the United Nations are setting standards to address, jointly between governments and companies, the transitional economies that are generated when a mining project closes.

Anticipation is needed to sustain local development contemplating residual infrastructure, the potential for alternative activities, loss of tax revenues, reemployability and labor migration. Our Congress still owes this discussion. It is time.

In summary: trade agreement with the United States to sell more, mining cluster to innovate locally and Closure Law to take care of communities, could be three slogans or a way to summarize this article in a tweet.»

(*Por Ing. Eduardo Gigante) Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Consultor Especialista en Minería de Litio y Producción de Baterías, con Posgrados en Producción de Litio por la Universidad Austral, y cursos de Posgrado en Recursos Energéticos, como Petróleo, Gas Natural y Energía Nuclear, por la Universidad de Buenos Aires. Docente en la Universidad Austral y la Universidad Nacional de San Martin, en temas vinculados a la Transición Energética. Amplia experiencia en el ámbito privado y público, como ser Ex Director Nacional de Desarrollo Territorial en Litio y Baterías, de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación (Argentina).

(*By Eng. Eduardo Gigante) Industrial Engineer graduated from the University of Buenos Aires, Argentina. Consultant Specialist in Lithium Mining and Battery Production, with Postgraduate Degrees in Lithium Production from Universidad Austral, and Postgraduate courses in Energy Resources, such as Oil, Natural Gas and Nuclear Energy, from Universidad de Buenos Aires. Lecturer at Universidad Austral and Universidad Nacional de San Martin, on topics related to the Energy Transition. Extensive experience in the private and public sector, as former National Director of Territorial Development in Lithium and Batteries, of the Secretary of Strategic Affairs of the Nation (Argentina).

¿Continuará el Litio en su Carrera Descendente?

«El mercado del litio se encuentra atrapado en una paradoja. Actualmente, existe una sobreoferta impulsada por la manipulación de precios y la sobreproducción en China, lo cual ha llevado a un desplome de los valores del mineral. Sin embargo, las proyecciones indican que la demanda global se disparará en los próximos años, superando la oferta disponible para 2028, según consultoras del sector. Entonces, ¿cómo se resolverá esta contradicción?

El desafío para la industria litífera es encontrar un equilibrio: por un lado, mantener precios que hagan rentables las operaciones actuales y, por el otro, prepararse para satisfacer la demanda creciente, especialmente impulsada por el sector de la electromovilidad. La entrada de nuevos jugadores como Brasil y Zimbabue podría ayudar a equilibrar la oferta, pero aún así, la situación requiere cautela para evitar un ciclo de escasez y un alza drástica de precios en el futuro cercano.

¿Cuál es el Precio Saludable para la Industria?

En el mercado spot actual, el precio ronda los 10.000 USD por tonelada de carbonato de litio grado batería, un valor que cubre los costos marginales de producción (que en Argentina varían entre 4.500 y 6.500 USD por tonelada) y permite obtener pequeñas ganancias. Sin embargo, estos precios no alcanzan para cubrir el CAPEX de expansión, necesario para que las empresas inviertan en expansiones y proyectos futuros. Según los expertos, un precio «saludable» para asegurar la sostenibilidad de la industria debería situarse entre 20.000 y 30.000 USD por tonelada, algo aún distante de los niveles actuales.

Paul Graves, CEO de Arcadium Lithium, advierte que los precios bajos son un reflejo temporal y que, a largo plazo, conducirán a una escasez significativa. Muchos productores ya están recortando producción o incluso cerrando operaciones, como se ha visto en Australia, donde algunos proyectos han sido suspendidos debido a la baja rentabilidad.

La Demanda Global de Litio: El Auge de la Electromovilidad

A pesar de la desaceleración en la tasa de crecimiento de ventas de vehículos eléctricos, la demanda de litio seguirá creciendo de manera muy robusta. Según Fastmarkets, para 2025 la producción global de carbonato e hidróxido de litio alcanzará 1,4 millones de toneladas, mientras que la demanda rondará los 1,39 millones de toneladas, reflejando un pequeño superávit. Sin embargo, se espera que este equilibrio se rompa hacia 2028, cuando la demanda supere a la oferta.

Albemarle, uno de los mayores productores de litio del mundo, proyecta que para 2030 se necesitarán más de 3,5 millones de toneladas anuales para cubrir la demanda global, lo que implica triplicar la producción actual. Alcanzar esta cifra es una tarea titánica y la industria sabe que podría ser difícil de lograr en tan corto tiempo.

El Juego de Poder de China: Manipulación del Mercado

China ha perfeccionado la manipulación de precios en el mercado del litio de una manera similar a como lo hizo con el mineral de hierro. Anteriormente, el gigante asiático presionó a la baja los precios del mineral de hierro mediante compras masivas a Australia, seguido de una estrategia de acumulación de inventarios y el uso de fuentes internas que, aunque menos rentables, le permitieron reducir su dependencia del mercado internacional y provocar una caída de precios.

Con el litio, China está aplicando una táctica similar: ha sobreabastecido la cadena de valor y ha recurrido al uso intensivo de lepidolita, un mineral menos eficiente para producir carbonato de litio, pero muy abundante en el país. Esto ha generado una sobreoferta interna que ha presionado los precios globales a la baja. Este movimiento ha permitido a China mantener bajos los costos de las baterías, consolidando su control sobre la cadena de suministro mundial.

Lecciones del Pasado: El Caso del Mineral de Hierro

El desenlace de la estrategia de China con el hierro no fue el esperado: los precios se recuperaron hasta alcanzar niveles históricamente altos. Para contrarrestar esto, Beijing creó la China Mineral Resources Group (CMRG) en 2022, una entidad estatal que centraliza las compras de mineral de hierro para cerca de 20 grandes fabricantes de acero, incluyendo China Baowu Steel Group Corp ​(MINING.COM) ​(S&P Global).

El objetivo de CMRG es negociar contratos con gigantes como Rio Tinto, Vale y BHP, y reducir la volatilidad en los precios mediante una estrategia de compras consolidadas. Con el 80% de su demanda cubierta por importaciones, China busca evitar que los productores internacionales dominen los precios. La experiencia con el hierro demuestra que el éxito de estas políticas depende de la capacidad de coordinación interna, algo que en el caso del litio aún está por verse ​(Advisor Perspectives).

Esta experiencia, es de suma importancia conocerla para el mercado del litio.

Conclusión: Un Futuro Incierto

El mercado del litio se encuentra en un punto crítico. A corto plazo, una leve sobreoferta podría mantener los precios bajos, pero en el mediano y largo plazo, la situación podría cambiar radicalmente si no se ajustan las capacidades de producción. China sigue dominando el tablero global con su estrategia de manipulación, mientras que nuevos actores como Brasil y Zimbabue intentan ganar terreno.

El futuro del litio dependerá de cómo se gestionen estos desafíos, y cualquier alteración en la oferta o la demanda podría transformar rápidamente el paisaje global de la electromovilidad y el desarrollo de baterías.»

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Will lithium continue its downward slide?

«The lithium market is caught in a paradox. Currently, there is an oversupply driven by price manipulation and overproduction in China, which has led to a plunge in lithium values. However, projections indicate that global demand will soar in the coming years, exceeding available supply by 2028, according to industry consultants. So how will this contradiction be resolved?

The challenge for the lithium industry is to find a balance: on the one hand, to maintain prices that make current operations profitable and, on the other, to prepare to meet the growing demand, especially driven by the electromobility sector. The entry of new players such as Brazil and Zimbabwe could help balance supply, but even so, the situation requires caution to avoid a cycle of shortages and a drastic price hike in the near future.

What is the Healthy Price for the Industry?

In the current spot market, the price is around US$10,000 per ton of battery grade lithium carbonate, a value that covers marginal production costs (which in Argentina vary between US$4,500 and US$6,500 per ton) and allows for small profits. However, these prices are not enough to cover expansion CAPEX, which is necessary for companies to invest in expansions and future projects.According to experts, a “healthy” price to ensure the sustainability of the industry should be between US$20,000 and US$30,000 per ton, which is still far from current levels.

Paul Graves, CEO of Arcadium Lithium, warns that low prices are a temporary reflection and, in the long term, will lead to significant shortages. Many producers are already cutting production or even shutting down operations, as seen in Australia, where some projects have been suspended due to low profitability.

Global Lithium Demand: The Rise of Electromobility.

Despite the slowdown in the growth rate of electric vehicle sales, lithium demand will continue to grow very robustly. According to Fastmarkets, by 2025 global lithium carbonate and hydroxide production will reach 1.4 million tons, while demand will be around 1.39 million tons, reflecting a small surplus.
However, this balance is expected to be broken by 2028, when demand will exceed supply.

Albemarle, one of the world’s largest lithium producers, estimates that by 2030 more than 3.5 million tons per year will be needed to meet global demand, implying a tripling of current production. Reaching this figure is a Herculean task and the industry knows it could be difficult to achieve in such a short time.

China’s Power Games: Market Manipulation

China has perfected price manipulation in the lithium market in a similar way as it did with iron ore. Previously, the Asian giant put downward pressure on iron ore prices through massive purchases from Australia, followed by a strategy of stockpiling inventories and using domestic sources that, although less profitable, allowed it to reduce its dependence on the international market and cause prices to fall.

With lithium, China is applying a similar tactic: it has oversupplied the value chain and resorted to the intensive use of lepidolite, a less efficient mineral for producing lithium carbonate, but very abundant in the country. This has generated a domestic oversupply that has put downward pressure on global prices. This move has allowed China to keep battery costs low, consolidating its control over the global supply chain.

Lessons from the Past: The Case of Iron Ore

The outcome of China’s iron ore strategy was not as expected: prices rebounded to historically high levels. To counteract this, Beijing created the China Mineral Resources Group (CMRG) in 2022, a state-owned entity that centralizes iron ore purchases for about 20 major steelmakers, including China Baowu Steel Group Corp (MINING.COM) (S&P Global).

CMRG aims to negotiate contracts with giants such as Rio Tinto, Vale and BHP, and reduce price volatility through a strategy of consolidated purchases. With 80% of its demand covered by imports, China seeks to prevent international producers from dominating prices. The experience with iron shows that the success of these policies depends on the capacity for internal coordination, something that remains to be seen in the case of lithium (Advisor Perspectives).

Knowing this experience is of utmost importance for the lithium market.

Conclusion: An Uncertain Future

The lithium market is at a critical point. In the short term, a slight oversupply could keep prices low, but in the medium and long term, the situation could change radically if production capacities are not adjusted. China continues to dominate the global chessboard with its manipulation strategy, while new players such as Brazil and Zimbabwe are trying to gain ground.

The future of lithium will depend on how these challenges are managed, and any disruption in supply or demand could rapidly transform the global electromobility and battery development landscape.»